sábado, 28 de febrero de 2009

La Corte Suprema ordenó activar la Unidad Superintendentecia para delitos de lesa humanidad


La Corte Suprema dispuso, mediante acordada, la organización de la dependencia especial que sigue de cerca los casos de lesa humanidad. La nueva repartición tiene facultad de requerir informes a los jueces sobre la evolución de esos procesos

A través de una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso el pasado 18 de febrero la organización de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, creada en diciembre último para monitorear las causas que involucran violaciones a los derechos humanos.

Así, mediante la acordada 4/09, el Máximo Tribunal resolvió que aquella unidad actuará bajo la dependencia de la Secretaría General y de Gestión, y se integrará con un secretario letrado (designado por esta última disposición), un prosecretario administrativo y un auxiliar.

Entre las funciones asignadas a la dependencia especial están la de requerir informes a los magistrados sobre la evolución de los procesos; exhortar a los jueces a acelerar las causas y al Consejo de la Magistratura a tomar medidas para dotar de recursos humanos y materiales a los tribunales que intervienen en estos casos y convocar a los otros poderes del Estado y a la Procuración General de la Nación a coordinar medidas para agilizar el trámite de los procesos.

La decisión de la Corte de crear esa unidad se enmarca en una política de estado compartida desde el regreso de la democracia por los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, enfocada en la persecución de los delitos de lesa humanidad.

FUENTE: Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación / Corte Suprema de Justicia de la Nación.

FOTO: Copias de las acordadas.


viernes, 27 de febrero de 2009

Se llamó a concurso para designar los vocales que integrarán el recientemente creado Tribunal Federal Oral de Concepción del Uruguay


El Consejo de la Magistratura de la Nación llamó a concurso para seleccionar a los tres magistrados que integrarán el flamante Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay. Además, el actual juez federal uruguayense, Guillermo Quadrini, debe renunciar para lograr acceder a su nuevo cargo de fiscal mayor de Río Grande. Quedará como titular del Juzgado Federal Nº1 (Penal y Correccional) la doctora Beatriz Aranguren, quien se desempeña a cargo del Juzgado Federal Nº2 (Civil y Comercial) de Concepción del Uruguay que fuese creado en 2008. .


Los vocales del Tribunal Oral Federal tendrán la responsabilidad de juzgar en juicios orales y públicos a los represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en las ciudades de Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú. (En la foto se observa la sala de audiencias "Dr. Francisco C. Garay" del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay).


Comenzó el procedimiento para cubrir cargos en el nuevo Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, creado por la Ley Nacional Nº 26.429, del 18 de diciembre de 2008. La puesta en funciones del nuevo Tribunal permitirá la creación de más de veinte puestos judiciales en La Histórica. Además de los tres cargos de magistrados que serán cubiertos mediante el Concurso 237 que acaba de iniciar el Consejo de la Magistratura, se proveerá de un cargo de fiscal, uno de defensor, tres de secretarios y quince empleados, que pasarán a formar parte del Poder Judicial de la Nación.

P
or otra parte, como informara Miércoles Digital este jueves, el titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, fue designado este miércoles como fiscal mayor en Río Grande, en Tierra del Fuego. Sin embargo, como una cuestión formal primero debe renunciar a su actual cargo, en un trámite que debe presentar ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Desde allí el expediente llega a la Corte Suprema de Justicia, que es en definitiva quien acepta la renuncia. Luego de concretado todo ese procedimiento recién puede dejar su lugar en La Histórica, el que sería ocupado por Beatriz Estela Aranguren, hasta que se nombre su reemplazo.


FUENTE: Miércoles Digital

FOTO: Valentín Bisogni

Guillermo Quadrini dejará el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para asumir como fiscal mayor en Río Grande, Tierra del Fuego


El juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, fue designado como fiscal mayor en Río Grande, tras el acuerdo prestado este miércoles por el Consejo de la Magistratura, ante el pedido formulado por el Superior Tribunal de Justicia. En noviembre de 2008 había viajado a la provincia de Tierra del Fuego para concursar dicho cargo.

Quadrini tiene a su cargo las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia. En diciembre de 2008 había procesado a Juan Valentino, quien fuera jefe del Ejercito en Gualeguaychú durante la última dictadura militar y a Julio Rodríguez alias "el moscardón verde" efectivo de la Policía Federal Argentina quienes se encuentra detenidos por la causa en la que se investiga la detención y tortura de un grupo de estudiantes secundarios ocurrida en 1976 en la delegación uruguayense de esa fuerza policial.

BREVE RESEÑA SOBRE QUADRINI

Nació en Río Grande provincia de Tierra del Fuego, pero su carrera judicial la hizo fuera de la provincia sureña, y llegó a la alta magistratura como titular del Juzgado Federal uruguayense. El nuevo funcionario designado en el fuero penal, tuvo casos de suma trascendencia a nivel nacional. En 2006, al tener que intervenir en la causa por "Contaminación en grado de tentativa" contra la pastera Botnia, presentada por el ex gobernador Jorge Busti, el mandatario lo acusó de "inoperante", entre otras lindezas, y solicitó su destitución.

Posteriormente, su apellido volvió a ganar trascendencia cuando en 2008, en ocasión del paro de ruralistas, mandó a la Gendarmería a desalojar la Ruta 14, operativo que terminó con el arresto del dirigente de la Federación Agraria entrerriana, el mediático De Ángeli. Últimamente los casos más resonantes que recibió fueron por la aparición de pintadas antijudías en la Capital del Citrus y la aparición de volantes en el mismo sentido en La Histórica.

FUENTE
: Miércoles Digital
FOTO:
Valentín Bisogni

jueves, 26 de febrero de 2009

En la otra orilla: El Parlamento Uruguayo declaró inconstitucional la ley de Caducidad


La votación, aunque no vinculante, fue vivida como un triunfo histórico por los legisladores del Frente Amplio. Hace una semana, el presidente Tabaré Vázquez también había declarado inconstitucional la amnistía. Ahora le toca a la Corte Suprema.

La impunidad es inconstitucional. Esa fue la conclusión a la que llegó el Congreso uruguayo después de debatir si la Justicia debía aplicar o no la Ley de Caducidad, bajo la que se ampararon los militares y policías represores de la dictadura, en el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. “Hoy (por ayer) dimos un pequeño pero importante paso. Ahora tenemos que ir por la anulación de la ley, para que sea retroactiva y se aplique a todos los casos de violaciones de los derechos humanos”, aseguró, sin disimular su entusiasmo, el senador comunista Eduardo Lorier. Hace una semana el presidente Tabaré Vázquez también había declarado inconstitucional la amnistía, aprobada por el Congreso y ratificada por un referéndum a finales de los ochenta. Ahora es el turno de la Corte Suprema uruguaya; ella tiene la última palabra.

La votación, aunque no vinculante, fue vivida como un triunfo histórico por los legisladores del Frente Amplio, muchos de los cuales hace dos décadas demandan la anulación de la Ley de Caducidad y el procesamiento de todos los responsables –militares y civiles– de los miles de asesinatos, secuestros y torturas cometidos entre 1973 y 1985. “Es la primera vez que se pronuncia el Congreso. Estamos cada vez más cerca de anular de una vez y para siempre la amnistía”, celebró anoche por teléfono el senador frenteamplista y uno de los referentes de la lucha por los derechos humanos en Uruguay, Rafael Michelini.

El joven senador fue el encargado de abrir el debate ayer a las 11.30 de la mañana. “Ha llegado el momento en que se afiance la justicia, tiempo de recuperar la dignidad del país, recuperar la justicia para las familias de las víctimas”, reclamó el hijo del ex senador y férreo opositor de la dictadura, Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor.

Aunque pidió un repudio unánime de las dos Cámaras, no dejó de recordar que bajo los gobiernos blancos y colorados que siguieron a la dictadura nunca se avanzó en la búsqueda de la justicia y la verdad. “Hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005 reinaba la impunidad, no había ni un militar ni un policía detenidos”, destacó más tarde en diálogo con este diario. Vázquez mantuvo su promesa de campaña de no anular la Ley de Caducidad, pero sí ordenó investigar y juzgar los casos de violaciones a los derechos humanos que, por haber ocurrido en el exterior o haber sido cometidos por civiles, quedaban fuera de su amparo.

El encargado de contestarle a Michelini fue el ex presidente y actual senador colorado Julio María Sanguinetti. Las críticas lo golpeaban a él más que a nadie. Sanguinetti gobernó Uruguay entre 1985 y 1990, los años en los que se negoció la Ley de Caducidad con los mandos militares. Fue su mayoría parlamentaria, junto con el apoyo colorado, lo que permitió que se aprobara en el Congreso en 1986 y tres años después él hizo campaña personalmente para ratificar en un referéndum la amnistía con un 52 por ciento. “La ley fue concebida como una solución generosa para todos”, se defendió el ex presidente. “No sigamos convocando nuevamente asambleas de fantasmas que no tienen lugar”, prosiguió en un discurso alarmista como no se escuchaba desde la campaña presidencial de 2004, cuando el Frente Amplio se preparaba para ganar el gobierno por primera vez en la historia uruguaya.

Por un momento la tensión dominó el pleno de Diputados, donde se habían reunido los legisladores de las dos Cámaras para una Asamblea General extraordinaria. Pero la resistencia de la oposición no avanzó mucho más. Los blancos llegaron a la sesión divididos, inmersos en sus internas presidenciales. Los seguidores de Jorge Larrañaga estuvieron ausentes con aviso, mientras que los fieles al ex presidente Luis Alberto Lacalle prefirieron participar y leer una declaración de cuatro puntos, en la que acusaban al oficialismo de no respetar la separación de poderes e inmiscuirse en un asunto puramente judicial.

Al Frente no le fue muy difícil demostrar que estaba respondiendo a un pedido de la Corte Suprema. El máximo tribunal había consultado al Poder Ejecutivo y al Legislativo sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Mirtha Guianze en el caso de Nibia Sabalsagaray, una joven profesora de Literatura y militante comunista, que fue detenida en su casa y asesinada horas después en un batallón del Ejército. Los militares le entregaron el cuerpo a su familia ese mismo día. Les dijeron que se había suicidado.

No es la primera vez que la Corte Suprema recibe un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad, pero éste llegó en medio de un año electoral y a meses de un posible plebiscito, que podría revertir la cerrada votación de 1989. Unos minutos antes de que se conociera la votación en el Congreso a favor de la inconstitucionalidad de la amnistía, la principal central sindical del país anunciaba en una conferencia de prensa que estaban cerca de llegar a las 220 mil firmas, de las 254 mil que necesitan para convocar a un referéndum en la misma fecha de las elecciones presidenciales de octubre próximo (ver 211 MIL FIRMAS).

“Somos conscientes de que la votación de hoy (por ayer) no tiene valor jurídico, pero tiene un valor político sin precedentes, que ayudará a juntar más firmas y, quizás, influenciará a la Corte Suprema”, se animó a pronosticar Michelini.

211 MIL FIRMAS
Más de 211.000 uruguayos han firmado contra la ley que permite dejar impunes los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y la policía durante la última dictadura (1973-1985), informaron ayer miembros de la coordinadora que impulsa un plebiscito contra la norma. La Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad anunció, además, que tiene previsto alcanzar las 300.000 rúbricas antes del 24 de abril, fecha en la que concluye el plazo para solicitar una consulta popular contra la controvertida norma. Para presentar una petición de consulta popular, la ley uruguaya exige la presentación de al menos 250.000 firmas.

El integrante de la coordinadora Luis Puig explicó al diario El País que esta campaña está ingresando “en la recta final” y que, por ese motivo, el próximo fin de semana se iniciará una campaña puerta a puerta para recabar más apoyos. La normativa en cuestión fue promulgada en 1986 y ratificada de nuevo en un referéndum nacional en 1989 y es considerada por las organizaciones de derechos humanos una auténtica amnistía a los militares y policías que en tiempos de la dictadura encabezaron la represión y eliminación de los opositores políticos.

FUENTE: Página/12
FOTO: Valentín Bisogni


jueves, 19 de febrero de 2009

Familiares de desaparecidos de Concordia fueron recibidos e informados sobre el avance de la causa que se investiga en el Juzgado Federal


En el mediodía de ayer miércoles, familiares de Jorge Emilio Papetti, Julio Alberto Solaga Waigel y Sixto Francisco Zalasar Trinidad, desaparecidos durante la última dictadura militar en la ciudad de Concordia, fueron recibidos por José María Barraza, titular de la Secretaría Criminal y Correccional Nº 1 del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay e informados sobre el avance de la causa. También participaron del encuentro la abogada querellante María Cacciopoli, e integrantes del Registro Único de la Verdad y de la Agrupación Hijos de la ciudad de Paraná.


Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital

En el mediodía de este miércoles, fueron recibidas en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay: María Ema Papetti (hermana del desaparecido Jorge Emilio Papetti), María Estela Zolaga de Moreno (hermana del desaparecido Julio Alberto Solaga Waingel, y Sandra Zalazar (hija del desaparecido Sixto Francisco Zalazar).

En encuentro que duró aproximadamente 40 minutos se desarrolló en el despacho del titular de la Secretaría Criminal y Correccional Nº 1, José María Barraza, quién les informó sobre todo el trabajo que se viene desarrollando desde el juzgado que encabeza el juez Guillermo Quadrini para el esclarecimiento de las desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar en la ciudad de Concordia y que se investigan en la denomina Causa Área Concordia.

También participaron de la reunión la abogada María Caccioppoli, querellante en la causa, Julían Froidevaux integrante del Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos y Matías Germano militante de la organización de Derechos Humanos, HIJOS de Paraná.

ESPERANZA RENOVADA
Al salir del encuentro, Miércoles Digital pudo dialogar con los familiares, los cuales destacaron la concreción del encuentro. "La reunión fue muy positiva, empezamos un nuevo camino prácticamente, y acá estamos, apoyando la investigación en todo lo que nosotros podamos hacer. Vemos que hay muy buena voluntad. El secretario se comprometió a cumplir con lo que le corresponde", expresó emocionada Solaga de Moreno.

Por su parte, Zalasar manifestó: "A mí lo que más me dio es esperanzas, la esperanza de que se sepa la verdad, y además destaco la muy buena voluntad de la persona que nos atendió. Me genera muchas esperanzas, encontrar a mi papá, además de a todos los desparecidos, no sólo a mi papá. "Yo tengo fe de que sí, de que va a llegar, para algo existe Dios, nada se mantiene oculto, siempre sale a la luz", agregó.

En similar postura, María Ema Pappeti destacó que "el encuentro fue altamente positivo y nosotros estamos absolutamente convencidos de que va a llegar el momento de que se haga justicia, de que los responsables sean juzgados y estén donde tienen que estar". "Incluso hasta tenemos la esperanza de encontrar el cuerpo. Esto es lo que deseamos y vamos a ponerle todo el esfuerzo, aseguró, y expresó: "Tenemos mucha esperanza en la abogada porque la vemos con muchísimo empuje. Nosotros estamos a varios kilómetros de Concepción, por eso es muy importante su trabajo. Y creemos que realmente empezó el momento en el que va a comenzar a avanzar la causa, esperamos que se pueda llegar a juzgar".

Consultada sobre el diálogo mantenido en la reunión, Pappetti explicó: "El secretario dijo que están abiertas las puertas del Juzgado, que lo que necesitemos podemos venir a consultar además de aportar testimonios o nuevos datos que tengamos en la causa, así que confiamos en que se va a hacer justicia".

CINCO AÑOS DESPUÉS
En febrero de 2004, hace exactamente cinco años, este cronista había tenido la oportunidad de dialogar con Solaga de Moreno y Papetti en las escalinatas del Juzgado Federal uruguayense, en el marco de la primera citación como testigos que les había realizado el juez Guillermo Quadrini, tras la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, posibilidad generada a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (derogadas por el Congreso en 2003). Tanto el extinto semanario El Miércoles de Concepción del Uruguay, en su edición Nº 130 del 25 de febrero de 2004, como el semanario Análisis de Paraná, en su edición Nº 601 del 19 de febrero de 2004, reflejaron la cobertura periodística en la cual ambas familiares destacaban las esperanzas en torno a la reapertura de las causas.

Pasaron cinco años y las esperanzas de los familiares siguen firmes. Sin embargo, es necesario que la Justicia contemple los tiempos humanos y revierta la mala imagen que tiene la Argentina en torno a la impunidad que se les aseguró durante años a los responsables del terrorismo de Estado. Es un deber no sólo legal, sino también ético y moral que tienen las autoridades judiciales ante las víctimas, sus familiares y la sociedad, así como para las próximas generaciones.

Las desapariciones de Sixto Francisco Zalasar Trinidad (26 de mayo de 1976), Julio Alberto Solaga Waigel (22 de noviembre de 1976) y Jorge Emilio Papetti (22 de marzo de 1977) no pueden y no deben quedar impunes.

EXPECTATIVA DE LA QUERELLA
Miércoles
Digital
también dialogó con María Cacciopoli abogada querellante, quien explicó que: "En realidad fue una reunión informal, con la lógica inquietud de los familiares, más que nada por conocer si se requieren más pruebas o más hechos para la celeridad de la causa. Lo que les interesa a los familiares es sacar adelante la causa y ofrecer los medios de prueba que ellos tengan en su poder, para que el juez tenga más posibilidades para resolver las cuestiones que están pendientes. Esto se ha hecho en el marco de una nueva presentación, sobre todo de la señora Zalasar como querellante, y esperemos encontrar todas las pruebas necesarias como para que también le demos una pronta agilidad a esta causa que está un poquito detenida en el tiempo".

Sobre la cantidad de pruebas que se incorporaron en estos últimos cinco años a la causa, que había sido iniciada en los años 80 y fue truncada por las leyes de la impunidad, Cacciopoli contó: "Todavía no conocemos en profundidad la causa, ya solicitamos las copias para tener un buen conocimiento para saber qué es lo que se ha producido y qué es lo que falta en la investigación", y señaló: "Estimo en que el compromiso del Juzgado está en trabajar, eso es lo que se ha comprometido el secretario. Por parte de esta querella también está el compromiso de trabajar, y con el correr de los días se harán nuevas presentaciones que tendremos que ver el resultado que vamos a obtener".

ACOMPAÑAMIENTO DEL REGISTRO E HIJOS
"Desde el momento mismo de la creación del Registro, la propuesta y la tarea es poder acompañar y asesorar legalmente a los familiares en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Es un trabajo arduo el de desandar el largo camino de la impunidad en nuestro país, 25 años de democracia que se constituyeron con los responsables del genocidio más grande de la historia argentina libres e impunes. Eso es lo que se está tratando de revertir en todos los puntos del país y en Entre Ríos, en las dos costas de la provincia", manifestó Julían Froidevaux, integrante del Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos a Miércoles Digital.

"En Paraná estamos trabajando arduamente y los responsables del genocidio en Entre Ríos son los mismos, por eso es importante poder estar hoy (por ayer) aquí, presentes en Concepción del Uruguay con los familiares de Concordia, porque también son ciudadanos entrerrianos que fueron víctimas de un plan sistemático de eliminación de personas, que tiene sus responsables y que esos responsables están impunes", agregó Froidevaux.

En el mismo sentido, Matías Germano, militante de la Agrupación Hijos Paraná, afirmó: "Era una deuda pendiente para nosotros acercarnos hasta Concepción del Uruguay y poder reunirnos nuevamente con la doctora Caccioppoli, querellante en esta causa, y los familiares de Concordia, con los que ya veníamos trabajando para presentar esta querella que significa para nosotros también un avance en el sentido de ampliar el horizonte en la provincia. Desde ya que, como organización, vinimos a acompañar y ponernos a disposición para colaborar en todo lo que podamos aportar, ya sea desde la presentación de documentación como también la búsqueda de testigos".

FOTO: V.B.

Organizaciones de Derechos Humanos presentaron a la Presidenta un proyecto para que se aceleren las causas judiciales


La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió este miércoles por la noche a un grupo de entidades defensoras de los derechos humanos, quienes le entregaron una iniciativa tendiente a acelerar las causas por los crímenes cometidos durante la última dictadura, anunciaron fuentes de la reunión.

Fernández de Kirchner recibió a Taty Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo, y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, entre otros. La reunión en Casa de Gobierno se extendió por espacio de 45 minutos donde los organismos explicaron la propuesta.

Antes del encuentro, Estela de Carlotto dijo a la prensa que junto a otras organizaciones de Derechos Humanos, "ofreceremos (a la Presidenta) algunas sugerencias para cambiar el ritmo de la justicia".

En la víspera, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, estableció como una de las prioridades para este año la celeridad en los juicios de lesa humanidad. "Esto no es por una política conveniente sino porque Argentina sufrió en su historia un drama que hay que reparar. Y tienen razón los que reclaman sentencia para los acusados. Estamos juzgando el pasado y sentando las bases para el futuro", dijo Lorenzetti en su discurso de apertura, en un acto realizado en la sala de audiencia de Tribunales.

FUENTE: Agencia Telam
FOTO: Presidencia de la Nación

miércoles, 18 de febrero de 2009

El anestesista Juan Antonio Zaccaría declaró como testigo ante la Fiscalía Federal


Zaccaría quien es médico anestesista y actualmente se encuentra detenido y procesado en la ciudad de Paraná en la causa en la que se investiga el robo de bebes ocurrido en el Hospital Militar de la capital provincial durante la última dictadura militar fue trasladado la semana a Concepción del Uruguay, para declarar como testigo en la causa uruguayense. En dicho proceso judicial se investiga la detención y tortura de estudiantes secundarios sucedida en 1976 en la dependencia uruguayense de la Policía Federal Argentina. En la imagen se observa a Zaccaría luego de presentarse a la testimonial.


Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital


Tal como lo había adelantado Miércoles Digital, el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría debía presentarse, la semana pasada, en calidad de testigo ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para declarar en la causa en la que se investigan las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en 1976 en la delegación uruguayense de la Policía Federal Argentina. En ese lugar habían sido detenidos y torturados un grupo de estudiantes secundarios entre los que se encontraba César Román, actualmente docente radicado en Mar del Plata, quien en 2006 radico la denuncia sobre el hecho ante el juzgado dando así inicio a la causa.


El pasado miércoles 11 de Febrero, por la mañana, arribó a la Fiscalía Federal del juzgado con asiento en Concepción del Uruguay, Juan Antonio Zaccaría y prestó declaración testimonial durante casi tres horas. Allí estuvieron presentes la fiscal federal María de los Milagros Squivo, la abogada María Caccioppoli representante de la querella y el abogado Aduco, defensor de Juan Valentino quien fuera jefe del Ejercito durante la última dictadura en la ciudad de Gualeguaychú y que actualmente se encuentra detenido y procesado en Campo de Mayo, por estar imputado en la causa uruguayense.


Luego, Zaccaría fue trasladado nuevamente hacia la Unidad Penal Nº 1 (UP1) de la ciudad de Paraná, en donde se encuentra detenido, por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Miércoles Digital, único medio en el lugar, logró fotografiarlo cuando era retirado del lugar para ser trasladado a la capital provincial, tal como se observa en la foto.


LA TESTIMONIAL

Consultada por Miércoles Digital sobre la declaración de Zaccaría, la abogada querellante María Caccioppoli informó que: “La testimonial se desarrolló en un marco de tranquilidad y respondió a casi todas las preguntas que se le efectuaron. De todas manera es posible que esta querella solicite en el futuro una ampliación de esa testimonial, en virtud de que entendemos que puede haber puntos que no están tan claros en la declaración. Pero se desarrolló en un marco normal y el respondió a las preguntas que se le efectuaron”.


En relación a la participación o vinculación que tendría Zaccaría en la causa uruguayense, Caccioppoli aclaró que: “Todavía no voy a dar información sobre lo que se está investigando, pero el cumplía funciones en el Hospital Militar de la ciudad de Paraná y esa función hacía que el también se trasladara normalmente a Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, para el cumplimiento de esas funciones” y remarcó que la semana pasada: “fue trasladado en carácter de testigo y seguirá siendo testigo”.


¿QUIÉN ES ZACCARÍA?

Según informara diario UNO de Entre Ríos durante 2008, Zaccaría está procesado por ser “prima facie” autor mediato de los delitos de “sustracción y retención de menores de 10 años y sustitución de identidad de menores de 10 años”.


En su rol de jefe de Terapia Intensiva se le atribuye haber aportado al robo de los bebés mellizos de Raquel Negro, una detenida-desaparecida que entre febrero y marzo de 1978 fue llevada a dar a luz al hospital Militar desde un centro clandestino de detención de Rosario. Estaría probado que los bebés estuvieron en el servicio a cargo del médico.


El año pasado Zaccaría intentó suicidarse, motivo por el cual debió ser internado y luego de su recuperación trasladado a una celda individual en la cual es controlado de cerca.


FOTO: V.B.

Ricardo Lorenzetti anunció que los juicios por delitos de lesa humanidad serán una de las prioridades para el Poder Judicial durante 2009


En la jornada de ayer martes, durante el acto de apertura del Año Judicial 2009, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti expresó que: “Hay prioridades. Una es, sin duda, la referida a los juicios de lesa humanidad. ¿Por qué es una prioridad? No es porque sean juicios políticamente convenientes o porque exista alguna intencionalidad que no queremos señalar, sino porque la Argentina ha sufrido en su historia un drama que queremos reparar. Y tienen razón los que reclaman que en estos casos debe haber de una vez por todas sentencia”.


En ese sentido explicó: “No queremos una frustración. Una frustración hace mal al pasado, estamos juzgando el pasado, estamos juzgándolo con las reglas del debido proceso. Pero también estamos sentando las bases para el futuro, para que nuestros hijos y nuestros nietos no vivan esa misma experiencia. El juzgamiento y terminar con la impunidad va a servir para que nuestra sociedad en el futuro, para siempre y nunca más, vuelva a repetir esa experiencia”.


“Por eso, insistimos en que en estos juicios hay que tener una mejor organización. Por eso, hemos creado una superintendencia especial y trabajaremos y trataremos de coordinar con los demás poderes del Estado y con el Consejo de la Magistratura cómo hacer para acelerar esto juicios. Todos debemos poner lo mejor de nosotros para que estos juicios tengan una rápida tramitación y resolución” agregó el titular del máximo tribunal.


Al acto, realizado en la Sala de Audiencias del Palacio de Tribunales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asistieron los ministros del Alto Tribunal Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni; el procurador general de la Nación, Esteban Righi; el ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez., así como también representantes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.


FUENTE Y FOTO: Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.

martes, 17 de febrero de 2009

Le harán una nueva pericia al represor Juan Carlos Trimarco, interventor de Entre Ríos durante la dictadura, ya que se detectaron irregularidades


El represor Juan Carlos Ricardo Trimarco deberá someterse a una nueva pericia para que la Justicia resuelva si está en condiciones de declarar en la causa Hospital Militar, en la cual está imputado por la sustracción de menores y sustitución de identidad durante la última dictadura en Paraná. El examen se realizará en Buenos Aires, donde reside el ex interventor de facto de Entre Ríos, de 84 años, pero deberá estar presente el médico forense de la Justicia Federal de Paraná, Armando González.


Trimarco, también está imputado en la causa en la que se investiga la detención y tortura de estudiantes secundarios en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina, ocurrida en 1976 durante la última dictadura militar, por lo que el resultado de la pericia afectará la posibilidad de que se concrete su indagatoria que fue postergada en Noviembre de 2008 debido a que el represor presentó un certificado médico en el juzgado federal uruguayense.


El tribunal federal conformado por Gustavo Ibáñez (presidente), Daniel Alonso y Roberto López Arango, confirmó ayer la resolución de la jueza de primera instancia, Myriam Galizzi, que había declarado la nulidad de la pericia que se le realizó a Trimarco en abril de 2008. Ese examen había sido atacado por la querella por haber estado plagado de irregularidades, a punto tal que el tribunal incluyó en su resolución de la víspera que se dé conocimiento de esta situación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos peritos fueron los que incurrieron en las faltas.


Los magistrados dieron a conocer la decisión al término de la audiencia pública que se desarrolló, durante la mañana, a raíz del recurso de apelación que presentó la defensa de Trimarco contra la declaración de nulidad de la pericia. El veredicto contempló la confirmación de dicha nulidad y la orden de realizar una nueva pericia en la cual se excluya a los médicos que intervinieron en la que se realizó en 2008 y se dé participación al forense de Paraná, además de la notificación a la Corte de las irregularidades.


La resolución satisfizo a los querellantes, aunque no del todo: la abogada Marina Barbagelata había pedido la detención de Trimarco y su traslado a Paraná para que aquí se realicen los exámenes; algo que no se aceptó. La defensa, que estuvo representada por el letrado del fuero local Eligio Abel González, se había opuesto a la realización de un nuevo examen y a la incorporación del forense de Paraná. Además, hizo reserva del caso federal y de casación, previendo recurrir a instancias más altas de la pirámide judicial con el fin de obstaculizar los estudios médi-cos sobre el represor.


UN RETO

La audiencia oral y pública se inició con la exposición de Eligio González, quien recibió un llamado de atención del tribunal por leer su intervención en lugar de hacerla in voce, como estipula la normativa. González, titubeando luego del reto, dijo que no era necesario realizar otro examen y, en caso de que se resolviera volver a hacerlo, rechazó la inclusión del forense de la jurisdicción, dado que su especialidad es la de cirujano y Trimarco padecería problemas psiquiátricos y neurológicos.


Luego el fiscal general Ricardo Álvarez avanzó en las causas que evaluó la jueza para determinar la nulidad: como que el perito de la querella –Luis Pirro– fue mal notificado y no estuvo presente en el estudio, a pesar de lo cual en el informe se lo mencionó como presente.
“En los reportes sólo hay referencias globales a deficiencias mentales”, dijo el fiscal. Y se quejó de las conclusiones que sacaron los peritos acerca de la im-posibilidad de declarar de Trimarco, lo cual –señaló– es tarea de los jueces y no de los médicos, además de que “no son explícitas las razones” por las cuales no puede ser indagado.


La abogada Barbagelata adhirió a los planteos del fiscal y detalló las irregularidades que llevaron a la jueza Galizzi a dictar la nulidad. Por ejemplo, dijo que hubo notificaciones para el 22 de abril, pero la pericia se realizó el 23; así como citaciones para otros días en los cuales no hubo actividad y actividades para las cuales no hubo citaciones. “Se nos privó del derecho constitucional de controlar la prueba”, dijo sobre la exclusión del perito de parte. Y pidió que el ex gobernador de facto sea mandado a detener para que su salud sea analizada en Paraná.


En esta causa se investiga el robo de bebés nacidos en cautiverio en el hospital Militar de Paraná durante la última dictadura, puntualmente el caso de los mellizos de la desaparecida Raquel Negro. Uno de los bebés, que hoy es una mujer a punto de cumplir 30 años, reside en Rosario y recobró su verdadera identidad a fines del año pasado.

ESTRATEGIA

La abogada Ana Oberlin –representante de Abuelas de Plaza de Mayo– denunció en la audiencia la existencia de una estrategia en todo el país de los imputados de delitos lesa humanidad, tendiente a buscar la impunidad amparándose en problemas de salud no comprobados. “De repente todos tienen un problema mental”, dijo.


FUENTE: Diario UNO de Entre Ríos (18/Febrero/2009)

FOTO: Libro Rebeldes y Ejecutores de Daniel Enz (1º Edición, 1995)

miércoles, 11 de febrero de 2009

Hoy trasladan al Juzgado Federal a Juan Antonio Zaccaría para que declare como testigo en la Causa Concepción del Uruguay


Se trata del anestesista que actualmente se encuentra detenido y procesado en la ciudad de Paraná en la causa en la que se investiga el robo de bebes ocurrido en el hospital militar de la capital provincial durante la última dictadura militar. Zaccaría será trasladado hoy al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para declarar como testigo en la causa en la que se investiga la detención y tortura de estudiantes secundarios sucedida en 1976 en la dependencia uruguayense de la Policía Federal Argentina.

Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital

Luego de finalizado el receso administrativo que conlleva la feria judicial, se reinicia la actividad en la causa en la que se investigan delitos de Lesa Humanidad cometidos en la dependencia Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina en 1976, durante la última dictadura militar.

En la mañana de hoy miércoles, deberá presentarse ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Juan Antonio Zaccarías quien se encuentra procesado y actualmente detenido en la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná acusado por el robo de bebes en la Causa Área Paraná en la que se investigan la violación a los Derechos Humanos ocurridos en la capital entrerriana durante los años de plomo. Zaccaría será trasladado por personal penitenciario ya que fue citado en calidad de testigo.

LA CAUSA URUGUAYENSE
En febrero de 2006, César Román, un uruguayense que actualmente es docente universitario y reside en la ciudad de Mar del Plata, decidió presentarse como querellante para que se investigue la detención ilegal y tortura de un grupo de estudiantes secundarios de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, ocurrido en 1976 en la sede uruguayense de la Policía Federal, durante la última dictadura militar.

Además de Román, del hecho también habían sido víctimas el actual Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, Roque Minatta, el trabajador municipal Carlos Paiva y el ex concejal por el Partido Justicialista Juan Carlos “Changui” Rodríguez, quien actualmente integra el equipo de trabajo del vicegobernador José Eduardo Lauritto.

EL ANESTESISTA
Según informara diario UNO de Entre Ríos durante 2008, Zaccaría está procesado por ser “prima facie” autor mediato de los delitos de “sustracción y retención de menores de 10 años y sustitución de identidad de menores de 10 años”. En su rol de jefe de Terapia Intensiva se le atribuye haber aportado al robo de los bebés mellizos de Raquel Negro, una detenida-desaparecida que entre febrero y marzo de 1978 fue llevada a dar a luz al hospital Militar desde un centro clandestino de detención de Rosario. Estaría probado que los bebés estuvieron en el servicio a cargo del médico. El año pasado Zaccaría intentó suicidarse, motivo por el cual debió ser internado y luego de su recuperación trasladado a una celda individual en la cual es controlado de cerca.


FOTO: V.B.

Construirán en Basavilbaso un monumento a las víctimas de la última dictadura



El recordatorio se instalará en la "Plazoleta de la Memoria", ubicada en Avenida San Martín y Quiroz, frente a la Escuela número 9 "Matías Zapiola", para que la sociedad nunca olvide la trágica última dictadura militar y en homenaje a los desaparecidos, tres oriundos de la ciudad, de la última dictadura militar.


El monumento será emplazado en la "Plazoleta de la Memoria", la cual no es casual que esté ubicada frente a la Escuela número 9 "Matías Zapiola", centenaria institución educativa donde cursaron sus estudios primarios Saúl "Luly" Kobrinsky, Zulema Bendersky y Mario "Tuti" Yacub (quien luego como abogado fuera defensor de presos políticos), tres personas que fueron asesinadas durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".


Este domingo la Intendenta, Blanca Rossi se reunió con Ana Ruvira, funcionaria de la Secretariala Nación, coordinadora de los proyectos provinciales, la paisajista Arquitecta Patricia Zekzman y el artista plástico Claudio Barragán -quién concurrió a la reunión acompañado por Néstor Jacub, hermano de "Tuti", una de las víctimas del terrorismo de Estado- con el propósito de ultimar detalles del emplazamiento un monumento alegórico cuya piedra fundamental fue colocada el 24 de marzo del 2004 al cumplirse 30 años del comienzo de un plan siniestro que se extendió a la largo de siete interminables años y laceró la vida de 30.000 argentinos.


Del encuentro participaron el Secretario de Gobierno y Hacienda, Antonio Palmieri; Secretario de Obras y Servicios Públicos, Oscar Francisco Ogguier; la Directora de Gestión y Control de las Políticas Públicas locales, Perla Battilana; la responsable del área de Cultura municipal, Liliana Prado de Morán, y Gisela Viola técnica de la Secretaría de Obras Públicas de la comuna.


FUENTE Y FOTO: www.fmriel.com.ar (FM RIEL de Basavilbaso, Provincia de Entre Ríos).