jueves, 30 de abril de 2009

La Cámara Federal de Paraná concedió la detención domiciliaria a Juan Valentino y denegó la excarcelación a Julio el moscardón verde Rodríguez.


En el marco de la causa en la que se investiga la detención y tortura de un grupo de estudiantes secundarios, ocurrida en 1976 en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina, la Cámara Federal con asiento en Paraná resolvió el pasado viernes que Juan Valentino, jefe del Ejercito en Gualeguaychú durante la última dictadura militar tenga el beneficio de la detención domiciliaria hasta que se produzca el juicio oral y público. Mientas que decidió que Julio Rodríguez, alias el moscardón verde, el represor uruguayense que cumplía funciones en la sede policial siga detenido en el Penal Federal de Marcos Paz a la espera del juicio.


Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital


El viernes de la semana pasada, la Cámara Federal de Paraná resolvió dar el beneficio de la prisión domiciliaria a Juan Valentino, quien se encuentra procesado en la causa en la que se investiga la detención y tortura de estudiantes y dirigentes en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina, ocurrida durante la última dictadura militar. Valentino se encuentra detenido en la unidad penal de Campo de Mayo, desde el pasado 25 de noviembre de 2008, fecha en la que se había presentado a indagatoria ante el juzgado de Concepción del Uruguay.


El pedido de excarcelación había sido presentado por el doctor Ibanez, defensor de Valentino, basándose en el denominado fallo Díaz Bessone, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2007), el cual ordena a los tribunales inferiores brindar el derecho de prisión domiciliaria a aquellos imputados en causas por delitos de lesa humanidad que sean mayores de 70 años.


Valentino, de 73 años, se había presentado ante la Justicia Federal en la primera fecha a la cual fue convocado a indagatoria, a diferencia de los otros imputados que en su mayoría vienen presentando certificados médicos y otras justificaciones para postergar las indagatorias.

Además, había entregado las armas de fuego que poseía ante el Registro Nacional de Armas (Renar). Ambas actitudes, que no son casuales y están enmarcadas dentro de una estrategia legal, lo beneficiaron a la hora de solicitar su detención domiciliaria.


UN MOSCARDÓN EN MARCOS PAZ

Por su parte, el uruguayense Julio Rodríguez, alias el moscardón verde, quien se desempeñaba como oficial de la Policía Federal Argentina, y que está acusado de cumplir funciones en la represión ilegal de la última dictadura, continuará detenido en el Penal Federal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, lugar donde reside desde el 27 de noviembre de 2008, y al que fue trasladado tras quedar detenido el día de su indagatoria.


En su caso, la Cámara Federal entendió que más allá de tener 72 años de edad, por su actitud, puede impedir el normal transcurso de la investigación, ya que se podría haber fugado e ir a vivir con su hijos que residen en el extranjero.La carga de pruebas que lo incriminan es muy importante y por eso no hicieron lugar a su pedido de excarcelación. Insólitamente el mismo Rodríguez en su declaración se había jactado de que “podría fugarse si quisiera”.


La decisión de la Cámara también está basada en el denominado fallo Díaz Bessone, de la Suprema Corte que exceptúa del beneficio de presión preventiva domiciliaria a las situaciones consideradas en el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación el cual expresa que: “Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”.


LA POSTURA DE LA CÁMARA

En su interpretación de los hechos que se investigan, la Cámara Federal considera que Juan Valentino sería el autor inmediato, y que Julio Rodríguez alias el moscardón verde, sería el autor material. Dicha postura no es un dato menor, ya que de esta manera la Cámara califica la autoría y la responsabilidad que tendrían los imputados. A su vez si bien la Cámara dio el beneficio de la prisión domiciliaria a Valentino, confirmó su procesamiento, al igual que el de Rodríguez. Ambos imputados pueden apelar dicha resolución ante la Cámara de Casación Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires (instancia superior a la Cámara Federal de Paraná), ya que todavía están dentro de los plazos estipulados para tal situación. Ambos continúan con prisión preventiva.


PROCESAMIENTOS Y EMBARGOS

Los procesamientos de Valentino y Rodríguez habían sido resueltos en diciembre de 2008, por el doctor Guillermo Quadrini, quien entonces era el juez a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad en la costa del Uruguay. En una resolución de 100 fojas de extensión, Quadrini había ordenado procesar y embargar a los dos imputados. Valentino se encuentra embargado por un monto de 800 mil pesos, mientras que Rodríguez por la suma de 500 mil pesos.


LA CAUSA

En febrero de 2006, César Román, un uruguayense que actualmente es docente universitario y reside en la ciudad de Mar del Plata, decidió presentarse como querellante para que se investigue la detención y tortura de un grupo de estudiantes secundarios de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, ocurrido en 1976 en la sede uruguayense de la Policía Federal, durante la última dictadura militar.


Además de Román, del hecho también habían sido víctimas el actual Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, Roque Minatta, el trabajador municipal Carlos Paiva y el ex concejal del PJ Juan Carlos “Changui” Rodríguez, quien actualmente integra el equipo de trabajo del vicegobernador José Eduardo Lauritto.


En el ex centro clandestino de detención uruguayense, también habían sido detenidos ciudadanos de Gualeguaychú que el propio Juan Valentino habría ordenado detener y trasladar ilegalmente durante la dictadura. Precisamente los testimonios de Hugo Angerosa y Jorge Felguer dos gualeguaychuenses ex detenidos y torturados fueron claves para la detención de Valentino.


Foto: V.B.