domingo, 24 de octubre de 2010

Van a juicio Harguindeguy y Valentino, el jefe de la dictadura en Gualeguaychú

Por primera vez el teniente general retirado Eduardo Albano Harguindeguy, ministro del Interior en la etapa más sangrienta de la última dictadura, será juzgado, en 2011, por delitos de lesa humanidad perpetrados en la provincia de Entre Ríos.


Fuentes judiciales revelaron que Harguindeguy, de 83 años y en detención domiciliaria, comparecerá ante el Tribunal Oral Federal de Paraná acusado del secuestro de 21 personas, dos de los cuales aún siguen desaparecidas. Será el primer juicio que se desarrolle contra Harguindeguy, quien escoltó al dictador Jorge Videla en el Ministerio del Interior por cinco años, de 1976 a 1981, cuando se produjeron la mayoría de los crímenes del terrorismo de Estado.


Sin embargo, pasados casi 30 años nunca compareció en el banquillo de un juicio oral. Compañero de estudios de Raúl Alfonsín en el Liceo Militar, Harguindeguy no fue acusado en el Gobierno que encabezó el radical, de 1983 a 1989, y dio impulso al histórico Juicio a las Juntas Militares. Las fuentes precisaron que Harguindeguy será sometido a juicio oral y público junto al general retirado Ramón Genaro Díaz Bessone, 70 años, entonces jefe del II Cuerpo de Ejército con jurisdicción en el litoral y luego Ministro de Planificación.


Además estarán en el banquillo los militares retirados Naldo Miguel Dasso, ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia, y Juan Miguel Valentino, excarcelado. El mayor Valentino era jefe del Regimiento de Gualeguaychú durante la dictadura. Y los policías retirados Francisco Crecenso y Julio César Rodriguez, ambos con detención domiciliaria.


La elevación a juicio oral dispuesta por el juez federal de Concepción del Uruguay , Gustavo Pimentel, en las causas caratuladas "Fiscal general solicita desarchivo de causas por desaparición de personas-Área Concordia" y "Román" contiene 18 hechos de privación ilegítima de la libertad y tres hechos de privación ilegítima, dos de los cuáles terminaron en las desapariciones de Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalazar.


FUENTE: Maxima On Line (www.maximaonline.com.ar).

martes, 5 de octubre de 2010

Vuelos de la muerte en el Delta Entrerriano



Un capítulo inexplorado de la historia argentina: el Delta entrerriano, gigante y misterioso, fue utilizado para la desaparición de personas. Por estos días –septiembre 2010-, el Equipo Argentino de Antropología Forense se encuentra analizando restos encontrados en Gualeguaychú. En realidad, un NN hallado hace varios años en Costa Uruguay Sur, a algunos kilómetros de Gualeguaychú.


Por FABIAN MAGNOTTA (*)

El hallazgo de los restos de un hombre joven, de unos 20 años, no descarta que pueda tener relación con la oscura historia de los setenta. Oportuno es recordar que en esa zona y la del cercano Delta entrerriano, en aquellos tiempos aparecían cuerpos casi en forma cotidiana. El tema no ha sido debidamente explorado y hasta ahora el Delta se sigue tragando todo: la inmensidad, el silencio, la historia y los muertos.


Pero está confirmado que también el sur entrerriano -ríos y montes- fue utilizado para la desaparición de personas a fines de la década del setenta. Hace algunos años, un testigo de identidad reservada se presentó ante el juez de Instrucción número 1 de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, quien luego giró la causa, por razones de competencia, al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.


En efecto, se ha confirmado que helicópteros de color verde sin identificación arrojaron una importante cantidad de personas al río Paraná Bravo en plena dictadura militar, según reveló el testigo de identidad reservada ante la justicia, hecho que luego tendría mayores precisiones. Después de 25 años, el hombre relató que los cuerpos eran puestos en tanques de 200 litros y "asegurados" con cemento, y luego arrojados a uno de los tramos más profundos del Río Paraná, en el Delta entrerriano.


Indicó además que durante los primeros años del gobierno militar, los cuerpos eran lanzados al río Paraná Bravo y al río Gutiérrez, en el delta inferior, y que uno de los tanques cayó sobre la playa, lo que explicó a los pocos lugareños el misterio de los tambores que veían caer al agua desde los helicópteros verdes.Ese cuerpo caído sobre la costa del río, recibió cristiana sepultura por parte de los pobladores, y todavía es localizable.


En la zona mencionada, el río Paraná se divide en tres brazos: el Paraná de las Palmas, el Paraná Guazú y el Paraná Bravo. Son los ríos de acceso al Paraná para la navegación de ultramar. Los ríos Paraná Guazú, Paraná Bravo y Gutiérrez (todos ellos ramales del Paraná y afluentes del Uruguay en su tramo final); en total, tienen una longitud de unos 200 km y su ancho frente al Río de la Plata es de 50 kilómetros. Esta formación anegadiza enclavada en el valle inferior del río Paraná se reparte entre las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Los lugareños señalan que allí el río tiene una profundidad de entre 30 y 35 metros.


EL ENIGMÁTICO DELTA

El mismo Delta...Cuenta la historia que para después de la colonización española, las islas fueron pobladas por los jesuitas que cultivaron la zona con los aborígenes hasta su expulsión en 1767. La zona abandonada se convirtió luego en refugio de corsarios, piratas y contrabandistas. También fue asilo de refugiados políticos, y de nazis después de mediados del siglo pasado. Hace algunos años, el sargento primero Victor Armando Ibañez, que estuvo destinado en el centro clandestino de detención "El Campito", en Campo de Mayo, se arrepintió y recordó lo que ocurría por aquellos años.


Conocido como "Petete" o "Chupete", dijo ser "una especie de celador", que "les daba de comer, los llevaba a bañar" a los detenidos, tareas que desempeñó desde 1976 hasta 1978. Ibáñez afirmó la existencia de los vuelos que arrojaban detenidos-desaparecidos al océano, y agregó que eran "tres o cuatro por mes". Y que los prisioneros "eran arrojados al mar. Se usaban distintos tipos de maquinas: Hercules, Fokker, hasta helicópteros. Recuerdo que una noche llevamos un cuerpo ya medio descompuesto en uno de esos helicópteros tipo mosquito. Volabamos a muy baja altura, mucho más bajo que los aviones, creo que era por el sur. Eran vuelos fantasmas, sin registro alguno", decía el suboficial.


Consultado sobre quiénes arrojaban los cuerpos al mar, el sargento Ibáñez respondió que "teníamos que ir todos: era una orden". No obstante, las investigaciones realizadas ahora demuestran que no sólo en el Océano y en el Río de la Plata se arrojaban cuerpos: también se utilizó el sur entrerriano.


TESTIMONIOS

A partir de allí, otros pobladores de la zona en aquellos años oscuros, comenzaron a sumar sus testimonios. El payador uruguayo Uberfil Concepción Regalini le dijo a RADIO MÁXIMA que "los helicópteros tiraban los bultos al agua, en la Zona del Paraná Bravo. Yo vivía en la zona, en una estancia cercana y a primera vista se podía apreciar que se tiraban bultos desde los helicópteros, sin que pudiéramos saber qué era lo que tiraban".


Señaló además que "muchas veces los helicópteros verdes, sin numeración, pasaban hasta 5 veces por semana y tiraban los bultos al agua".Acerca de la época de los vuelos de la muerte, recuerda que "en los años 77 o 78, en la época del Mundial, fue la época donde los helicópteros pasaban con mayor asiduidad. La gente estaba en otra cosa, todos metidos con el tema del Mundial de fútbol, por eso se aprovechó para tirar mucha gente". Por su parte, el señor Ramón Tejera, que vivía en la zona y actualmente reside en Campana, recuerda que los pobladores veían a los helicópteros que sobrevolaban a baja altura, casi al ras del agua y del monte, y pronto comenzaron a comprender de qué se trataba.


En ese sentido, señaló que comenzaron a aparecer cuerpos que flotaban en el río, pero que quien intentó hacer la denuncia no tuvo eco. Recuerda además que los cuerpos tenían las manos y los pies atados con alambre. Asimismo, agregó que los helicópteros se internaban en vuelos sobre la tierra, y que no debe descartarse que algunos "bultos" hayan sido lanzados en medio del espeso monte.


INFUNDIR TEMOR

Otro testigo dijo que vio helicópteros que iban con la puerta abierta y llevaban una ametralladora que apuntaba hacia el exterior. Seguramente, un mensaje para los eventuales observadores. Se cuenta, por otra parte, que a la zona llegaba una lancha llamada Galofré, y que quienes tenían a cargo esos viajes, se acercaron en una oportunidad al puesto de una fuerza de seguridad para informar que más de una vez habían encontrado cuerpos en el agua. La respuesta que recibieron fue terminante. -Miren...Si no les gusta, no pasen más por ahí...


A todo esto, deben apuntarse dos testimonios más recogidos por estas horas. Uno señala que hay pobladores que vieron aviones Hércules que volaban bajo y a una velocidad mediana, y en medio del río Paraná Bravo "abrían su panza" y lanzaban " hasta veinte bultos juntos".


Por otra parte, se asegura que pobladores de la localidad de Villa Paranacito también tienen relatos sobre la aparición de cadáveres en sus costas durante aquellos años. Ello explicaría la gran cantidad de cuerpos NN que existen en el cementerio del sur entrerriano. Apasionante, duro, silencioso, ingrato, solitario…suele ser el camino de reconstruir la historia.


(*) Director de Radio Máxima de Gualeguaychú.

FUENTE: Máxima Online (www.maximaonline.com.ar)

martes, 21 de septiembre de 2010

El Equipo Argentino de Antropología Forense viajó a Gualeguaychú para identificar un NN


Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) viajaron ayer a Gualeguaychú para exhumar los restos óseos de un NN, que fueron depositados por disposición judicial hace varios años atrás, en un nicho en el Cementerio Municipal.


Aunque recién comienza la labor de los antropólogos, se presume que los restos podrían ser de una víctima de la última dictadura militar, por lo que el juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, convocó al equipo de profesionales forenses para su identificación.


Según se supo, hace varios años en el distrito Costa Uruguay Norte, en el departamento Gualeguaychú, a la vera del río Uruguay, se encontró un cuerpo, en avanzado estado de deterioro y al no encontrarse en el lugar ninguna identificación que pueda determinar la identidad se dispuso que los restos fueran depositados en un nicho de la necrópolis gualeguaychuense.
“Se sabe poco de la causa. El equipo viajó primero a Concepción del Uruguay, porque fueron citados por el juez Federal y de ahí se iban a Gualeguaychú, donde están enterrados los restos”, dijo a EL DIARIO Alicia Dasso de Bachetti, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria.


NN

Después del hallazgo, la Justicia dispuso que se conservaran en un nicho a la espera de que, alguna vez, se pudiera avanzar en su identificación, para lo cual se solicitó la colaboración de los profesionales de EAAF.
El Equipo Argentino de Antropología Forense viene desarrollando trabajos de identificación de personas desde enero de 2008, en el marco del Proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID).
A mediados de agosto, 800 muestras de sangre correspondientes a familiares de desaparecidos fueron enviadas a Estados Unidos para ser procesadas en el laboratorio Bode Technology de Virginia.


Los restos hallados hace varios años atrás a la vera de un camino rural de Gualeguaychú se conservan en un nicho de la necrópolis local y hasta ayer estuvieron bajo la custodia del personal del cementerio, por disposición de la Justicia, a la espera de que se avance en su identificación.
Esa es la tarea que intentarán hacer los integrantes del EAAF, como ya lo han hecho en centenares de oportunidades permitiendo identificar los restos de víctimas de la dictadura que vivió el país entre 1976 y 1983.


EN PARANÁ

Desde fines de agosto, los integrantes de EAAF están trabajando en Paraná en la búsqueda de restos de desaparecidos que pudieran estar enterrados ilegalmente en un predio ubicado en la zona de Las Piedras, en donde funcionó, durante la última dictadura militar, una casa de torturas, conocido como La Escuelita. En este caso, las actuaciones fueron autorizadas por el juez Federal de Paraná, Gustavo Zonis.


Como primera tarea, el equipo intentará determinar si en el lugar hubo movimientos de tierra, especialmente, alrededor de un pozo de agua, que tendría la profundidad de más de 30 metros. Durante la dictadura, ese lugar fue ocupado por el Ejército y hasta allí eran trasladados los presos políticos para someterlos a vejámenes y tormentos. La Escuelita fue en realidad una casa de torturas que funcionó entre 1976 y 1977 y en el que operaron fuerzas del Ejército, Policía Federal y provincial, agentes del Servicio Penitenciario y civiles, aunque todos bajo supervisión militar.


FUENTE: El Diario de Paraná (www.eldiario.com.ar)

FOTO: Diario El Argentino de Gualeguaychú (www.diarioelargentino.com.ar)

viernes, 9 de abril de 2010

Minatta: “La policía de Entre Ríos deberá esclarecer quien dio la orden de quemar archivos en Concordia”

Luego del “Informe Especial” publicado por DIARIOJUNIO, en el que dimos cuenta de la presunta quema de archivos de tiempos de la dictadura militar, en la departamental Concordia de Policía, las repercusiones no cesan. Primero el pedido de informes formulado por Rubén Bonelli al jefe de policía local y ahora, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia que apunta a la fuerza policial. En una nota enviada a DIARIOJUNIO Roque Minatta apunta contra la responsabilidad policial y salva al ex gobernador Jorge Busti, al actual Sergio Urribarri y a José Halle a quienes sindica como quienes demostraron “compromiso con el esclarecimiento de las causas”.


REPRODUCCIÓN TEXTUAL

Ante la denuncia efectuada por el Inspector Principal Andrés Costa, quien manifestara ante la Delegación Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos, que los archivos policiales de los años 1975, 1976 y 1977 fueron quemados en Concordia por orden de una autoridad superior, será la policía de Entre Ríos quien deberá documentar esa orden, habida cuenta que ni el entonces Gobernador Jorge Busti, ni el entonces Ministro Sergio Urribarri, ni el entonces Secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos José Carlos Halle impartieron ordenes al respecto, así como tampoco la entonces titular del Archivo Histórico Graciela Bascourleguy.


Si la misma policía reconoce el delito deberá esta investigar quien dio la orden y los Jefes de la Departamental Concordia de 2004 y sus superiores deberán hacerse responsable ante la Justicia para esclarecer el caso.
Fue esta Subsecretaría de Derechos Humanos quien autorizó al Escribano Gomez y al Prof. Bonelli a ingresar a los archivos de la Policía de Concordia en cumplimiento con la ley 9577, para aportar pruebas al esclarecimiento de la desaparición del ciudadano Sixto Zalazar , denuncia que se tramita ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y atiende como abogada querellante la Dra. María Isabel Cacciopolli.


Si en esta provincia alguien tuvo compromiso con el esclarecimiento de las causas que se tramitan ante los Juzgados de Paraná y Concepción del Uruguay, fueron Busti, Urribarri y Halle quienes no solo crearon el Registro Único de la Verdad, sino la Subsecretaría de Derechos Humanos para acompañar en todo momentos a los querellantes victimas del terrorismo de Estado y de ello pueden dar fe los abogados querellantes de las causas de lesa humanidad que se sustancian en Entre Ríos, el Archivo Nacional de la Memoria y las organizaciones de derechos humanos.


FUENTE: Diario Junio Digital

Bonelli le pidió al jefe de policía de Concordia que ofrezca datos sobre la quema de archivos de tiempos de la dictadura

Luego que DIARIOJUNIO hiciera conocer que dos oficiales de policía aseguraran que los libros de guardia que forman parte de los archivos policiales de los años 1974/75/76 fueron quemados, el responsable local de la subsecretaría de Derechos Humanos, se presentó hoy en esa jefatura y “solicito” datos específicos sobre el tema. Este diario accedió a la carta presentada por Rubén Bonelli en la que textualmente se pide al jefe de policía, Luís Albarracín “informe si existen actas de procedimientos referentes a expurgos, quema o incineración de documentación de la época de la dictadura militar de la dependencia policial que Usted conduce, desde el año 1983 a la fecha”.


A su vez, trascendió que el jefe de policía de la provincia Héctor Massuh habría enviado a Concordia una delegación de Asuntos Internos para investigar ese hecho del que recién comenzó a tirarse la piola y que puede mostrarnos una verdadera caja de Pandora. La presentación que realizó Bonelli esta mañana en la policía departamental, contiene el recibido, avalado por el sello y la firma de un Sargento 1º de esa repartición.


LA NOTA A LA QUE ACCEDIÓ DIARIO JUNIO DICE TEXTUALMENTE:

Al Señor Jefe Departamental de Policía de Concordia

Comisario Mayor Luis Albarrasín


“Por la presente, me dirijo a Usted, a efectos de solicitar, se informe a ésta Delegación, si existen actas de procedimientos referentes a expurgos, incineración o quema de documentación de la época de la dictadura militar de la dependencia policial que Usted conduce, desde el año 1983 a la fecha.


Si existiere, solicito además, nombres de los responsables del acto, fecha y lugar del expurgo, como así también detalle de la documentación incinerada.
La solicitud mencionada, se enmarca en el pedido que me hiciera la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en la causa “fiscalía federal solicita desarchivo de causas por desaparición de personas, área concordia”.


FUENTE: Diario Junio Digital

GRAVE : La policía de Concordia dijo que los archivos de tiempos de la dictadura fueron quemados en el 2004

Dos días antes que se hiciera público el Decreto firmado por el gobernador Sergio Urribarri, mediante el cual se ordena a los organismos del Estado entrerriano, en especial a la policía, abrir los archivos para acceder a todo lo ocurrido entre los años 1956 y 1983, el responsable de Derechos Humanos de Concordia, Rubén Bonelli se presentó junto al escribano Nelson Gómez en la jefatura de policía de Concordia y se encontró con una sorpresa : en Concordia los libros de guardia de los años 1974, 75 y 76, donde debían estar asentados los movimientos diarios de la policía, fueron quemados “expurgados” en el año 2004 tiempos en que gobernaba Jorge Busti.


En otras palabras, la policía desnudó que un gobierno de la democracia ordenó, borrar las huellas de sangre dejadas por los responsables de la dictadura. ¿Por qué? La explicación ofrecida por el oficial Principal Andrés Costa, fue que “con el transcurso del tiempo, la documentación se quema”. El dato imposible de soslayar, es la sospecha que, en esa jefatura estuvo “chupado”, entre otros, Sixto Zalazar, secuestrado precisamente el 26 de mayo del 1976 o sea, el hecho que debió estar registrado y se quemó. Luego que DIARIOJUNIO accedió a esta información consultó a Bonelli y este aseguró que habló con la funcionaria de Busti de esa época, Graciela Bascourleguy y esta negó absolutamente esos dichos y habría agregado, siempre según el responsable de Derechos Humanos de la ciudad, que “hacer una cosa así sería ilegal, está prohibido por ley quemar documentos históricos y esos lo son”, dijo citando la ley de Archivo, 7452 del año 1984.


Por CLAUDIO GASTALDI

(De la redacción de Diario Junio, Concordia)

El tema reviste gravedad por el lado que se lo mire. Lo primero de todo es que el representante de los Derechos Humanos de un organismo del Estado, fue a buscar información a otro organismo del Estado (que está obligado por ley a entregarla) y no pudo acceder pues esa información no existe. ¿No existe? la funcionaria que supuestamente habría sido la encargada de quemar esos archivos lo niega terminantemente, y entonces… Por ahora, el cúmulo de preguntas dejan un hueco que probablemente destape una caja de pandora.


Otro dato que convierte esta historia en una hiriente ironía o como quiera llamársele, es que, por esos mismos días (año 2004), Busti como gobernador y Sergio Urribarri como Ministro de Gobierno, pusieron en vigencia la ley 9577, creando el Registro Único de la Verdad que permite acceder a la información de “todo tipo de documentación referidas a la represión hasta 1983”. O sea, ¿Acaso alguien puede creerse tanto cinismo, promulgar la ley y al mismo tiempo ordenar o permitir que se queme ? Francamente muy difícil.


Aunque no se crea, la paradoja es brutal. Bonelli llegó a la policía el pasado 22 de marzo, con una orden firmada por Roque Minata, Subsecretario de Derechos Humanos en la que este le solicitaba al jefe de policía de Concordia que “en el marco de lo dispuesto en los artículos 2º de la ley 9577 y 3º del Decreto 4425/04 autorice a Bonelli a acceder a los archivos”. Ese artículo de la ley señala “el Poder Ejecutivo pondrá a disposición los archivos de la policía”. La respuesta que recibió de otro funcionario policial, el Comisario Inspector Julio Vera es que “los libros de guardia no existen, lo que sí existe es el libro de Altas y Bajas del personal policial Nº 19”.

EL ACTO PUBLICO EN UN REGISTRO PÚBLICO

DIARIOJUNIO accedió al “Registro de Actos e Intervenciones Extraprotocolares” Acta Nº 183, Folio 92, Tomo 50 de fecha 22 de marzo de 2010, rubricada por escribano, en la que se afirma que alguien, destruyó, quemó esa documentación pública.

Imposible no sospechar que el propósito haya sido el de encubrir delitos de lesa humanidad. El pasado 22 de marzo de 2010 ingresaron a la policía departamental Concordia, Bonelli y Gómez y fueron recibidos por el entonces sub-jefe Luís Albarracín (ahora jefe departamental), los derivó a la oficina de antecedentes a cargo de Lilia Massuh (hermana del jefe de la fuerza en Entre Ríos). En ese lugar solicitaron los antecedentes de 3 concordienses desaparecidos, Sixto Zalazar, Julio Solaga y Jorge Papeti, también los antecedentes de Ileana Gómez quien fuera acribillada a balazos en la ciudad de Santa Fe.


En ese lugar y ante el interés de Bonelli por conocer los libros de guardia de los años 1974, 1975 y 1976, o sea el libro donde queda asentado día por día todo lo que ocurre en ese ámbito, el oficial principal Andrés Costa que en ese momento vestía de civil le respondió “que por el transcurso del tiempo la documentación se quema, que todo tiene su procedimiento ya que la orden viene de Paraná, de la Dirección de Archivo de la provincia. Siguió relatando que en el acto de quema tiene que estar el jefe o jefa de la dirección de archivo y que él recuerda que la jefa en ese momento, era una mujer”.
Bonelli le preguntó si quedaba alguna prueba de ese episodio, a lo que el oficial respondió que tiene que existir un acta y que debe estar en Paraná y que la quema se realizó en el campo del Abasto.


Tal relato quedó asentado en el mencionado “Registro de Actos…” que comenzó a escribirse a las 9,30 hs de ese 22 de marzo, dos días antes que Urribarri hiciera conocer la firma de un Decreto en el que ordenaba la apertura de archivos desde 1956 en virtud del pedido de aquellos que también quieren saber lo que ocurrió luego del primer golpe militar contra el peronismo.

En el lugar también estuvo presente el entonces jefe de Investigaciones y actual sub jefe de policía Lucio Villalba. En ese acto y siempre según lo consignado en el mencionado documento público rubricado por el escribano allí presente, estuvo el Comisario Inspector Julio Vera a quien también se le preguntó por los libros de guardia de esa fecha (74 al 76), a lo que contestó que tal documentación no existe y que, lo que sí existe es el “libro de Altas y Bajas del personal policial Nº 19”. En rigor la documentación que luego Bonelli entregó en el juzgado Federal de C. del Uruguay a cargo de Gustavo Román Pimentel.

BASCOURLEGUY–BONELLI

Luego que Bonelli escuchara de boca de los funcionarios policiales, Vera y Costa y que este le dijera que la quema fue en el 2004, que ocurrió en el campo del abasto y que él recordaba que la directora de Archivo era una mujer, Bonelli marchó a Paraná y este jueves hablo con la ya ex funcionaria.
Bascourleguy que fue funcionaria de Busti en su último gobierno y continuó hasta febrero de este año como directora de Archivo, hizo mención a la Ley provincial de Archivo, Nº 7452 dictada en el año 1984 y señaló que la misma prohíbe el “expurgo”, mas conocido como quema o incineración de documentos considerados históricos, judiciales o administrativos.


De hecho, con esa referencia negó rotundamente los dichos del funcionario policial. Habrá que ver ahora como sigue todo este verdadero embrollo. Por lo pronto, este hecho se conoce en el medio de una acción violenta contra la abogada la abogada querellante en las causas que se tramitan en Concepción del Uruguay, María Caccioppoli". Hoy su estudio fue violentado, sufrió el incendio de una computadora y el robo de documentación relacionada con el juicio oral contra represores que comenzará en los próximos días. En esta causa está procesado el último Ministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy


FUENTE: Diario Junio Digital

Investigan el atentado al estudio de Cacciopoli: “Esto no fue un accidente”, aseveró la abogada




La Justicia investiga el incendio y los destrozos sufridos en el estudio legal de María Isabel Cacciopoli, representante de víctimas del terrorismo de Estado en la costa del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar. “Esto no fue un accidente”, aseguró la letrada, y reveló que el hecho estaba dentro de sus “previsiones”. Unánimes expresiones de repudio y solidaridad.


"Esto no fue un accidente, fue un atentado lisa y llanamente", expresó la abogada María Isabel Caccioppoli, calificando así el incendio que sufrió su estudio ubicado en Scelzi 43, a metros de su intersección con Galarza. El episodio ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando los autores incendiaron la oficina, provocando destrozos. La letrada es querellante en causas contra represores que están a punto de llegar a juicio y en el siniestro se habrían perdido documentos de valor, CPU y otros efectos. "Cuando uno ingresa a este tipo de causas sabe a qué se expone y estaba dentro de mis previsiones que podría suceder", dijo Cacciopoli.

Caccioppoli representa al uruguayense César Yegua Román en causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en La Histórica, retomadas una vez derogadas las 'Leyes del Perdón'. Román también recibió amenazas telefónicas, según denunciaron organismos de derechos humanos este jueves en Paraná. Estas causas involucran a Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la dictadura. De comprobarse esto sería un nuevo incidente en una preocupante escalada de este tipo de hechos que se vienen registrando en el país. Precisamente, la causa Román tiene fecha para elevarse a juicio a fines de este mes.

SIN PRECISIONES

Cacciopolli manifestó que "todavía no tengo la especificaciones técnicas de lo que ocurrió. Me encontré con que habían cometido un ilícito, prendiendo fuego, pero no puedo determinar exactamente cual es la situación real. Tengo una leve presunción de dónde puede llegar". Y esas presunciones se "relaciona con las querellas de César Román y las de Concordia, pero no puedo determinarlo hasta ahora con exactitud. No puedo determinarlo. Ahora, el fiscal (Fernando) Lombardi está trabajando, como así también Gendarmería y estoy tranquila porque sé que harán un trabajo correcto".


La abogada confirmó a Uno: "Amenazas, en forma directa, no he tenido. Algunos indicios sí he tenido, pero que yo he tratado de minimizarlas, justamente para demostrar que no tengo miedo". Sobre si esos indicios o amenazas provenían de La Histórica u otros lugares, prefirió mantener reserva. "Ahora estoy colaborando con la Justicia y sólo quiero que se esclarezca" este hecho.

Descartó sentir temor por esta escalada que se ha dado en los últimos tiempos. Si "tuviera miedo no hubiese asumido en las querellas. En lo personal no tengo miedo y todo el daño que me han ocasionado me fortalece aún más. La próxima vez me tendrán que matar", expresó a la vez que aclaró: "No pedí ni tengo custodia".

Por último, agradeció "el acompañamiento de todo el mundo, mi teléfono no ha parado de sonar con llamadas de todos lados, de clientes, vecinos, colegas... Me siento acompañada, gracias a Dios. Sólo espero que terminen con las pruebas y empezar con mis colaboradores a trabajar. Soy una persona de trabajo que lo hace muchas horas por día y que tendrá que poner más empeño".

DERECHOS HUMANOS

La causa por violaciones a los derechos humanos que lleva adelante la doctora Cacciopoli se basa en la denuncia realizada por Román contra José Darío Mazzaferri. De acuerdo a la denuncia, José Darío Mazzaferri integró un grupo de tareas que en 1976 detuvo y torturó a Román (entonces integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal).


También integran la causa los testimonios del hoy subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, profesor Roque Edmundo Pepa Minatta, Carlos Martínez Paiva y Juan Carlos Changui Rodríguez, todos de Concepción del Uruguay.


SOLIDARIDAD Y REPUDIO

En tanto, desde el Área Memoria y Derechos Humanos de la sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), repudiaron el "feroz atentado sufrido por la abogada querellante María Isabel Caccioppoli, representante legal de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, en nuestra ciudad y Concordia".


FOTO: Valentín Bisogni-El Miércoles Digital.

FUENTE: El Miércoles Digital


jueves, 8 de abril de 2010

Atentaron contra la oficina de la abogada querellante contra represores de la dictadura en Concepción del Uruguay y Concordia

La conocida profesional, que lleva adelante las causas contra represores de la dictadura, sufrió un ataque en su estudio jurídico en la madrugada de este jueves: destrozos y principio de incendio. Se intenta determinar los responsables y los daños producidos. Quemaron importante documentación de los casos de delitos de lesa humanidad.


Por A.S., de la redacción de El Miércoles Digital


En la madrugada de este jueves, personas aun desconocidas ingresaron por la fuerza en las oficinas de la abogada uruguayense María Isabel Caccioppoli, provocando destrozos, incendiando papeles y luego huyendo sin robar ningún elemento de valor, aunque se teme que se habrían extraviado materiales valiosos para algunas de las causas que la profesional lleva adelante.


Caccioppoli es conocida por ser quien representa a los querellantes en las causas que se tramitan por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Concepción del Uruguay, causas retomadas o iniciadas tras la nulidad de las llamadas "leyes del perdón", y que se sustancian en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, con involucrados como Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior del gobierno de facto.


El estudio jurídico de la abogada Caccioppoli está ubicado en calle Scelzi 43, a metros de su intersección con Galarza, a pasos de la Terminal de Omnibus. Según adelantó el informe brindado por el periodista Pablo Bianchi en Prensa Animal, los autores entraron por un ventiluz trasero, que da a un pequeño patio interno.

La Policía maneja al menos dos hipótesis, pero la más firme está relacionada a las causas por delitos de lesa humanidad. Inmediatamente de conocido el hecho, llegaron autoridades policiales y el juez de Instrucción Mariano Martínez. Pedirán también la intervención de la Justicia Federal. Numerosos colegas de la damnificada se acercaron para brindar su apoyo a la letrada, que también es representante legal de la Asociación Perjudicados por la Justicia (Aperju).


Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Roque Minatta, también manifestó su preocupación por el hecho y se comunicó con la abogada apenas tuvo conocimiento. Desde ese organismo se pedirá la participación de Gendarmería en las pericias que se realicen a los efectos de avanzar en el esclarecimiento del episodio.


Las llamas alcanzaron documentación de importancia que la abogada tenía en su poder con relación a diferentes causas por violaciones a los derechos humanos, y espera el informe del peritaje realizado por la Policía de Entre Ríos para confirmar la intencionalidad del hecho. Aseguró que, de todas maneras, tiene copias de la documentación dañada en el archivo de su estudio.


Cacciopoli reveló a LT11 que ha recibido intimidaciones que no denunció en su momento, y que respondían a las causas que lleva adelante contra militares y policías por delitos de lesa humanidad, y recordó que en Paraná sucedió lo mismo con los estudios de otros abogados querellantes en las mismas causas.

SOLIDARIDAD Y REPUDIO

En tanto, desde el Área Memoria y Derechos Humanos de la sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), repudiaron el "feroz atentado sufrido por la abogada querellante María Isabel Caccioppoli, representante legal de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, en nuestra ciudad y Concordia".


"Exigimos el pronto esclarecimiento de lo sucedido, que parece encerrar un claro mensaje intimidatorio en momentos en que, finalizado el proceso de instrucción en la causa César Román y otros, se espera el inicio del juicio oral y público en el Juzgado Federal", prosigue el comunicado enviado a El Miércoles Digital.

Además, en el parte firmado por María Luisa Grianta y Eduardo Daniel Ojeda, reclaman "la protección preventiva de la abogada y de los querellantes", a quienes hacen llegar su "mayor solidaridad".


FUENTE: El Miércoles Digital

martes, 23 de marzo de 2010

Novedades sobre la Causa Concepción del Uruguay

Aquí ofrecemos una entrevista realizada el viernes 12 de marzo a la doctora María Isabel Caccioppoli (abogada querellante) y a Carlos Paiva (querellante). Esta nota se emitió en vivo en el programa Animal TV, que se emite en duplex por Radio Animal FM 100.7 y el Canal Local de Cablevisión de Concepción del Uruguay.

PRIMERA PARTE


SEGUNDA PARTE

domingo, 21 de marzo de 2010

Programa de actividades de la Semana de la Memoria 2010 en Concepción del Uruguay

Lunes 22 de Marzo

16.30 - Charla sobre Derechos Humanos a cargo del doctor Enrique Bugnone en el Centro Nª 2 San Vicente.

18.30 - Charla: “Estado de las causas por delitos de lesa humanidad en la Costa del Uruguay" a cargo de la doctora María Isabel Caccioppoli (abogada querellante), Valentín Bisogni (periodista) y Carlos Martínez Paiva (ex preso político). Lugar: Salón de la escuela Normal.

20 - Proyección del documental “La Santa Cruz”, sobre el secuestro de tres madres de plaza de mayo y de las monjas francesas, Alice Dumon y Léonie Duquet en la Iglesia de la Santa Cruz.

Lugar: Salón de la escuela Normal


Martes 23 de Marzo

9.15 - Charla en la Escuela J-J Millán a cargo de la licenciada María Luisa Grianta y del profesor Eduardo Ojeda , coordinadores del área Memoria y Derechos Humanos de UADER.

18.30 - Charla sobre Derechos Humanos a cargo del Dr. Enrique Bugnone para los alumnos de la escuela Lorenzo Sartorio en Agmer.

20.30 - Puesta en escena de la obra de teatro “Potestad” de Eduardo Pavlovsky dirigida por Félix Gutiérrez, en la sede de ATE.


Miércoles 24 de Marzo

19 - Concentración en la Plazoleta de Derechos Humanos (Maipú y Bv. Irigoyen) para marchar hacia el Juzgado Federal y Plaza Ramírez.

20 - Acto en el centro de la Plaza Ramírez con lectura de documento de la Comisión y de las adhesiones. Actividades artísticas.


Jueves 25 de Marzo

20 - Charla a cargo de la doctora Sabrina Dentone, abogada querellante en el caso de la desaparición, tortura y asesinato del joven Floreal Avellaneda durante la última dictadura cívico-militar. Coordinación a cargo de las educadoras Mónica Amoz y María Luisa Grianta..

Lugar: Salón de actos “Alejo Peyret” del Colegio Nacional.


Viernes 26 de Marzo

20 - Monólogo dramático “El nombre” de Griselda Gambaro a cargo de Marifé Franco.

Lugar: Salón de actos de la Escuela Normal

20.30 - Charla: “Literatura, Dictadura y Derechos Humanos. Narrar la historia y construir realidad” a cargo del profesor Eduardo Rosenzvaig (Univ. Nac. de Tucumán), autor de más de 40 libros .

Presentación a cargo del profesor Eduardo Ojeda. Lugar: Salón de actos la Escuela Normal.

20.30 - “Teatro por la Identidad” a cargo del profesor. Mario Lorán. Lugar: Casa de la Cultura.


Sábado 27 de Marzo

20.30 - “Teatro por la Identidad” dirigida por el profesor Mario Lorán y presentación de la murga al estilo uruguayo “Puntuales pa’ la tardanza”. Lugar: Casa de la Cultura.


Organiza: Comisión Memoria Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay

Agrupación de Educación Popular Claudio “Pocho” Lepratti, Área Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Casa de la Amistad Argentino Cubana, Partido Comunista, y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.


Semana de la Memoria: Programa de actividades a realizarse en el Nuevo Auditorio Municipal (C. del Uruguay)



Organiza: Valodia Nichajew (periodista).

lunes, 15 de febrero de 2010

Se creó un registro voluntario de ex presos políticos para la provincia de Entre Ríos



Así lo informó el ministro de Gobierno, Adán Bahl, quien hizo entrega a las distintas organizaciones de derechos humanos del decreto de creación.

El funcionario recibió a la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER), a la Asociación de Ex Presos Políticos y Exiliados de Entre Ríos, La Solapa e H.I.J.O.S. para coordinar el trabajo entre las organizaciones, el Registro y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Finalizado el encuentro, Gustavo Pierola, representante de AFADER y LA Solapa expresó: “Hace un tiempo veníamos pidiendo al gobierno trabajar en un censo en la provincia para tener registro de la cantidad de ex presos y exiliados que hay, se viene haciendo a través de las entidades, pero necesitamos la estructura del Estado para hacerlo más detalladamente y en profundidad”.

“Estamos muy felices, el ministro Bahl nos dio la noticia de la creación y nos dio una copia del decreto, y a través de la subsecretaria de Derechos Humanos y el Registro va a reencaminar este proyecto” afirmó Pierola.

Luego Pierola expresó: “El objetivo de este censo es a raíz de que hay gran cantidad de compañeros ex presos de que por muchas necesidades hace muchos años se han ido, otros que han retornado y otros que quiere retornar, hijos de exiliados con problemas de documentación, por eso queremos hacer un registro y de esta manera poder colaborar”.

En este sentido continuó: “Queremos articular un trabajo entre el gobierno de la provincia, en la figura de el Registro y la subsecretaria de Derechos Humanos y AFADER, La Solapa e HIJOS, que son las tres organizaciones que existen en Paraná. En esto el ministro Bahl estuvo de acuerdo, además nos pidió nuestra colaboración y que trabajemos en junto al gobierno”.

“Nos pareció bárbaro porque nos abre las puertas que hace rato veníamos buscando trabajar en juntos y con la posibilidad de articular muchos mas proyectos” sostuvo.

“A partir de ahora coordinamos en breve un nuevo encuentro, pero ya para articular y encaminar el trabajo” finalizó Pierola. Acompañaron al ministro Bahl en la reunión, secretaria de Justicia, Lucila Haidar y el subsecretario de Derechos Humanos, Roque Minatta.

FUNCIONAMIENTO
El Registro Voluntario de Ex Presos Políticos de la Provincia de Entre Ríos, estará bajo la órbita del ministro de Gobierno, Adán Bahl, y será coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El Registro recibirá las solicitudes de inscripción voluntaria durante los seis meses siguientes a su creación. Podrán solicitar inscripción en el mismo aquellas personas residentes en la provincia que hayan sufrido detenciones ilegales, ya sea en centros de detención de la provincia o en otros puntos del país.

FUENTE: Dirección General de Información Pública de Entre Ríos.