viernes, 9 de abril de 2010

Minatta: “La policía de Entre Ríos deberá esclarecer quien dio la orden de quemar archivos en Concordia”

Luego del “Informe Especial” publicado por DIARIOJUNIO, en el que dimos cuenta de la presunta quema de archivos de tiempos de la dictadura militar, en la departamental Concordia de Policía, las repercusiones no cesan. Primero el pedido de informes formulado por Rubén Bonelli al jefe de policía local y ahora, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia que apunta a la fuerza policial. En una nota enviada a DIARIOJUNIO Roque Minatta apunta contra la responsabilidad policial y salva al ex gobernador Jorge Busti, al actual Sergio Urribarri y a José Halle a quienes sindica como quienes demostraron “compromiso con el esclarecimiento de las causas”.


REPRODUCCIÓN TEXTUAL

Ante la denuncia efectuada por el Inspector Principal Andrés Costa, quien manifestara ante la Delegación Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos, que los archivos policiales de los años 1975, 1976 y 1977 fueron quemados en Concordia por orden de una autoridad superior, será la policía de Entre Ríos quien deberá documentar esa orden, habida cuenta que ni el entonces Gobernador Jorge Busti, ni el entonces Ministro Sergio Urribarri, ni el entonces Secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos José Carlos Halle impartieron ordenes al respecto, así como tampoco la entonces titular del Archivo Histórico Graciela Bascourleguy.


Si la misma policía reconoce el delito deberá esta investigar quien dio la orden y los Jefes de la Departamental Concordia de 2004 y sus superiores deberán hacerse responsable ante la Justicia para esclarecer el caso.
Fue esta Subsecretaría de Derechos Humanos quien autorizó al Escribano Gomez y al Prof. Bonelli a ingresar a los archivos de la Policía de Concordia en cumplimiento con la ley 9577, para aportar pruebas al esclarecimiento de la desaparición del ciudadano Sixto Zalazar , denuncia que se tramita ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y atiende como abogada querellante la Dra. María Isabel Cacciopolli.


Si en esta provincia alguien tuvo compromiso con el esclarecimiento de las causas que se tramitan ante los Juzgados de Paraná y Concepción del Uruguay, fueron Busti, Urribarri y Halle quienes no solo crearon el Registro Único de la Verdad, sino la Subsecretaría de Derechos Humanos para acompañar en todo momentos a los querellantes victimas del terrorismo de Estado y de ello pueden dar fe los abogados querellantes de las causas de lesa humanidad que se sustancian en Entre Ríos, el Archivo Nacional de la Memoria y las organizaciones de derechos humanos.


FUENTE: Diario Junio Digital

Bonelli le pidió al jefe de policía de Concordia que ofrezca datos sobre la quema de archivos de tiempos de la dictadura

Luego que DIARIOJUNIO hiciera conocer que dos oficiales de policía aseguraran que los libros de guardia que forman parte de los archivos policiales de los años 1974/75/76 fueron quemados, el responsable local de la subsecretaría de Derechos Humanos, se presentó hoy en esa jefatura y “solicito” datos específicos sobre el tema. Este diario accedió a la carta presentada por Rubén Bonelli en la que textualmente se pide al jefe de policía, Luís Albarracín “informe si existen actas de procedimientos referentes a expurgos, quema o incineración de documentación de la época de la dictadura militar de la dependencia policial que Usted conduce, desde el año 1983 a la fecha”.


A su vez, trascendió que el jefe de policía de la provincia Héctor Massuh habría enviado a Concordia una delegación de Asuntos Internos para investigar ese hecho del que recién comenzó a tirarse la piola y que puede mostrarnos una verdadera caja de Pandora. La presentación que realizó Bonelli esta mañana en la policía departamental, contiene el recibido, avalado por el sello y la firma de un Sargento 1º de esa repartición.


LA NOTA A LA QUE ACCEDIÓ DIARIO JUNIO DICE TEXTUALMENTE:

Al Señor Jefe Departamental de Policía de Concordia

Comisario Mayor Luis Albarrasín


“Por la presente, me dirijo a Usted, a efectos de solicitar, se informe a ésta Delegación, si existen actas de procedimientos referentes a expurgos, incineración o quema de documentación de la época de la dictadura militar de la dependencia policial que Usted conduce, desde el año 1983 a la fecha.


Si existiere, solicito además, nombres de los responsables del acto, fecha y lugar del expurgo, como así también detalle de la documentación incinerada.
La solicitud mencionada, se enmarca en el pedido que me hiciera la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en la causa “fiscalía federal solicita desarchivo de causas por desaparición de personas, área concordia”.


FUENTE: Diario Junio Digital

GRAVE : La policía de Concordia dijo que los archivos de tiempos de la dictadura fueron quemados en el 2004

Dos días antes que se hiciera público el Decreto firmado por el gobernador Sergio Urribarri, mediante el cual se ordena a los organismos del Estado entrerriano, en especial a la policía, abrir los archivos para acceder a todo lo ocurrido entre los años 1956 y 1983, el responsable de Derechos Humanos de Concordia, Rubén Bonelli se presentó junto al escribano Nelson Gómez en la jefatura de policía de Concordia y se encontró con una sorpresa : en Concordia los libros de guardia de los años 1974, 75 y 76, donde debían estar asentados los movimientos diarios de la policía, fueron quemados “expurgados” en el año 2004 tiempos en que gobernaba Jorge Busti.


En otras palabras, la policía desnudó que un gobierno de la democracia ordenó, borrar las huellas de sangre dejadas por los responsables de la dictadura. ¿Por qué? La explicación ofrecida por el oficial Principal Andrés Costa, fue que “con el transcurso del tiempo, la documentación se quema”. El dato imposible de soslayar, es la sospecha que, en esa jefatura estuvo “chupado”, entre otros, Sixto Zalazar, secuestrado precisamente el 26 de mayo del 1976 o sea, el hecho que debió estar registrado y se quemó. Luego que DIARIOJUNIO accedió a esta información consultó a Bonelli y este aseguró que habló con la funcionaria de Busti de esa época, Graciela Bascourleguy y esta negó absolutamente esos dichos y habría agregado, siempre según el responsable de Derechos Humanos de la ciudad, que “hacer una cosa así sería ilegal, está prohibido por ley quemar documentos históricos y esos lo son”, dijo citando la ley de Archivo, 7452 del año 1984.


Por CLAUDIO GASTALDI

(De la redacción de Diario Junio, Concordia)

El tema reviste gravedad por el lado que se lo mire. Lo primero de todo es que el representante de los Derechos Humanos de un organismo del Estado, fue a buscar información a otro organismo del Estado (que está obligado por ley a entregarla) y no pudo acceder pues esa información no existe. ¿No existe? la funcionaria que supuestamente habría sido la encargada de quemar esos archivos lo niega terminantemente, y entonces… Por ahora, el cúmulo de preguntas dejan un hueco que probablemente destape una caja de pandora.


Otro dato que convierte esta historia en una hiriente ironía o como quiera llamársele, es que, por esos mismos días (año 2004), Busti como gobernador y Sergio Urribarri como Ministro de Gobierno, pusieron en vigencia la ley 9577, creando el Registro Único de la Verdad que permite acceder a la información de “todo tipo de documentación referidas a la represión hasta 1983”. O sea, ¿Acaso alguien puede creerse tanto cinismo, promulgar la ley y al mismo tiempo ordenar o permitir que se queme ? Francamente muy difícil.


Aunque no se crea, la paradoja es brutal. Bonelli llegó a la policía el pasado 22 de marzo, con una orden firmada por Roque Minata, Subsecretario de Derechos Humanos en la que este le solicitaba al jefe de policía de Concordia que “en el marco de lo dispuesto en los artículos 2º de la ley 9577 y 3º del Decreto 4425/04 autorice a Bonelli a acceder a los archivos”. Ese artículo de la ley señala “el Poder Ejecutivo pondrá a disposición los archivos de la policía”. La respuesta que recibió de otro funcionario policial, el Comisario Inspector Julio Vera es que “los libros de guardia no existen, lo que sí existe es el libro de Altas y Bajas del personal policial Nº 19”.

EL ACTO PUBLICO EN UN REGISTRO PÚBLICO

DIARIOJUNIO accedió al “Registro de Actos e Intervenciones Extraprotocolares” Acta Nº 183, Folio 92, Tomo 50 de fecha 22 de marzo de 2010, rubricada por escribano, en la que se afirma que alguien, destruyó, quemó esa documentación pública.

Imposible no sospechar que el propósito haya sido el de encubrir delitos de lesa humanidad. El pasado 22 de marzo de 2010 ingresaron a la policía departamental Concordia, Bonelli y Gómez y fueron recibidos por el entonces sub-jefe Luís Albarracín (ahora jefe departamental), los derivó a la oficina de antecedentes a cargo de Lilia Massuh (hermana del jefe de la fuerza en Entre Ríos). En ese lugar solicitaron los antecedentes de 3 concordienses desaparecidos, Sixto Zalazar, Julio Solaga y Jorge Papeti, también los antecedentes de Ileana Gómez quien fuera acribillada a balazos en la ciudad de Santa Fe.


En ese lugar y ante el interés de Bonelli por conocer los libros de guardia de los años 1974, 1975 y 1976, o sea el libro donde queda asentado día por día todo lo que ocurre en ese ámbito, el oficial principal Andrés Costa que en ese momento vestía de civil le respondió “que por el transcurso del tiempo la documentación se quema, que todo tiene su procedimiento ya que la orden viene de Paraná, de la Dirección de Archivo de la provincia. Siguió relatando que en el acto de quema tiene que estar el jefe o jefa de la dirección de archivo y que él recuerda que la jefa en ese momento, era una mujer”.
Bonelli le preguntó si quedaba alguna prueba de ese episodio, a lo que el oficial respondió que tiene que existir un acta y que debe estar en Paraná y que la quema se realizó en el campo del Abasto.


Tal relato quedó asentado en el mencionado “Registro de Actos…” que comenzó a escribirse a las 9,30 hs de ese 22 de marzo, dos días antes que Urribarri hiciera conocer la firma de un Decreto en el que ordenaba la apertura de archivos desde 1956 en virtud del pedido de aquellos que también quieren saber lo que ocurrió luego del primer golpe militar contra el peronismo.

En el lugar también estuvo presente el entonces jefe de Investigaciones y actual sub jefe de policía Lucio Villalba. En ese acto y siempre según lo consignado en el mencionado documento público rubricado por el escribano allí presente, estuvo el Comisario Inspector Julio Vera a quien también se le preguntó por los libros de guardia de esa fecha (74 al 76), a lo que contestó que tal documentación no existe y que, lo que sí existe es el “libro de Altas y Bajas del personal policial Nº 19”. En rigor la documentación que luego Bonelli entregó en el juzgado Federal de C. del Uruguay a cargo de Gustavo Román Pimentel.

BASCOURLEGUY–BONELLI

Luego que Bonelli escuchara de boca de los funcionarios policiales, Vera y Costa y que este le dijera que la quema fue en el 2004, que ocurrió en el campo del abasto y que él recordaba que la directora de Archivo era una mujer, Bonelli marchó a Paraná y este jueves hablo con la ya ex funcionaria.
Bascourleguy que fue funcionaria de Busti en su último gobierno y continuó hasta febrero de este año como directora de Archivo, hizo mención a la Ley provincial de Archivo, Nº 7452 dictada en el año 1984 y señaló que la misma prohíbe el “expurgo”, mas conocido como quema o incineración de documentos considerados históricos, judiciales o administrativos.


De hecho, con esa referencia negó rotundamente los dichos del funcionario policial. Habrá que ver ahora como sigue todo este verdadero embrollo. Por lo pronto, este hecho se conoce en el medio de una acción violenta contra la abogada la abogada querellante en las causas que se tramitan en Concepción del Uruguay, María Caccioppoli". Hoy su estudio fue violentado, sufrió el incendio de una computadora y el robo de documentación relacionada con el juicio oral contra represores que comenzará en los próximos días. En esta causa está procesado el último Ministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy


FUENTE: Diario Junio Digital

Investigan el atentado al estudio de Cacciopoli: “Esto no fue un accidente”, aseveró la abogada




La Justicia investiga el incendio y los destrozos sufridos en el estudio legal de María Isabel Cacciopoli, representante de víctimas del terrorismo de Estado en la costa del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar. “Esto no fue un accidente”, aseguró la letrada, y reveló que el hecho estaba dentro de sus “previsiones”. Unánimes expresiones de repudio y solidaridad.


"Esto no fue un accidente, fue un atentado lisa y llanamente", expresó la abogada María Isabel Caccioppoli, calificando así el incendio que sufrió su estudio ubicado en Scelzi 43, a metros de su intersección con Galarza. El episodio ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando los autores incendiaron la oficina, provocando destrozos. La letrada es querellante en causas contra represores que están a punto de llegar a juicio y en el siniestro se habrían perdido documentos de valor, CPU y otros efectos. "Cuando uno ingresa a este tipo de causas sabe a qué se expone y estaba dentro de mis previsiones que podría suceder", dijo Cacciopoli.

Caccioppoli representa al uruguayense César Yegua Román en causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en La Histórica, retomadas una vez derogadas las 'Leyes del Perdón'. Román también recibió amenazas telefónicas, según denunciaron organismos de derechos humanos este jueves en Paraná. Estas causas involucran a Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la dictadura. De comprobarse esto sería un nuevo incidente en una preocupante escalada de este tipo de hechos que se vienen registrando en el país. Precisamente, la causa Román tiene fecha para elevarse a juicio a fines de este mes.

SIN PRECISIONES

Cacciopolli manifestó que "todavía no tengo la especificaciones técnicas de lo que ocurrió. Me encontré con que habían cometido un ilícito, prendiendo fuego, pero no puedo determinar exactamente cual es la situación real. Tengo una leve presunción de dónde puede llegar". Y esas presunciones se "relaciona con las querellas de César Román y las de Concordia, pero no puedo determinarlo hasta ahora con exactitud. No puedo determinarlo. Ahora, el fiscal (Fernando) Lombardi está trabajando, como así también Gendarmería y estoy tranquila porque sé que harán un trabajo correcto".


La abogada confirmó a Uno: "Amenazas, en forma directa, no he tenido. Algunos indicios sí he tenido, pero que yo he tratado de minimizarlas, justamente para demostrar que no tengo miedo". Sobre si esos indicios o amenazas provenían de La Histórica u otros lugares, prefirió mantener reserva. "Ahora estoy colaborando con la Justicia y sólo quiero que se esclarezca" este hecho.

Descartó sentir temor por esta escalada que se ha dado en los últimos tiempos. Si "tuviera miedo no hubiese asumido en las querellas. En lo personal no tengo miedo y todo el daño que me han ocasionado me fortalece aún más. La próxima vez me tendrán que matar", expresó a la vez que aclaró: "No pedí ni tengo custodia".

Por último, agradeció "el acompañamiento de todo el mundo, mi teléfono no ha parado de sonar con llamadas de todos lados, de clientes, vecinos, colegas... Me siento acompañada, gracias a Dios. Sólo espero que terminen con las pruebas y empezar con mis colaboradores a trabajar. Soy una persona de trabajo que lo hace muchas horas por día y que tendrá que poner más empeño".

DERECHOS HUMANOS

La causa por violaciones a los derechos humanos que lleva adelante la doctora Cacciopoli se basa en la denuncia realizada por Román contra José Darío Mazzaferri. De acuerdo a la denuncia, José Darío Mazzaferri integró un grupo de tareas que en 1976 detuvo y torturó a Román (entonces integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal).


También integran la causa los testimonios del hoy subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, profesor Roque Edmundo Pepa Minatta, Carlos Martínez Paiva y Juan Carlos Changui Rodríguez, todos de Concepción del Uruguay.


SOLIDARIDAD Y REPUDIO

En tanto, desde el Área Memoria y Derechos Humanos de la sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), repudiaron el "feroz atentado sufrido por la abogada querellante María Isabel Caccioppoli, representante legal de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, en nuestra ciudad y Concordia".


FOTO: Valentín Bisogni-El Miércoles Digital.

FUENTE: El Miércoles Digital


jueves, 8 de abril de 2010

Atentaron contra la oficina de la abogada querellante contra represores de la dictadura en Concepción del Uruguay y Concordia

La conocida profesional, que lleva adelante las causas contra represores de la dictadura, sufrió un ataque en su estudio jurídico en la madrugada de este jueves: destrozos y principio de incendio. Se intenta determinar los responsables y los daños producidos. Quemaron importante documentación de los casos de delitos de lesa humanidad.


Por A.S., de la redacción de El Miércoles Digital


En la madrugada de este jueves, personas aun desconocidas ingresaron por la fuerza en las oficinas de la abogada uruguayense María Isabel Caccioppoli, provocando destrozos, incendiando papeles y luego huyendo sin robar ningún elemento de valor, aunque se teme que se habrían extraviado materiales valiosos para algunas de las causas que la profesional lleva adelante.


Caccioppoli es conocida por ser quien representa a los querellantes en las causas que se tramitan por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Concepción del Uruguay, causas retomadas o iniciadas tras la nulidad de las llamadas "leyes del perdón", y que se sustancian en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, con involucrados como Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior del gobierno de facto.


El estudio jurídico de la abogada Caccioppoli está ubicado en calle Scelzi 43, a metros de su intersección con Galarza, a pasos de la Terminal de Omnibus. Según adelantó el informe brindado por el periodista Pablo Bianchi en Prensa Animal, los autores entraron por un ventiluz trasero, que da a un pequeño patio interno.

La Policía maneja al menos dos hipótesis, pero la más firme está relacionada a las causas por delitos de lesa humanidad. Inmediatamente de conocido el hecho, llegaron autoridades policiales y el juez de Instrucción Mariano Martínez. Pedirán también la intervención de la Justicia Federal. Numerosos colegas de la damnificada se acercaron para brindar su apoyo a la letrada, que también es representante legal de la Asociación Perjudicados por la Justicia (Aperju).


Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Roque Minatta, también manifestó su preocupación por el hecho y se comunicó con la abogada apenas tuvo conocimiento. Desde ese organismo se pedirá la participación de Gendarmería en las pericias que se realicen a los efectos de avanzar en el esclarecimiento del episodio.


Las llamas alcanzaron documentación de importancia que la abogada tenía en su poder con relación a diferentes causas por violaciones a los derechos humanos, y espera el informe del peritaje realizado por la Policía de Entre Ríos para confirmar la intencionalidad del hecho. Aseguró que, de todas maneras, tiene copias de la documentación dañada en el archivo de su estudio.


Cacciopoli reveló a LT11 que ha recibido intimidaciones que no denunció en su momento, y que respondían a las causas que lleva adelante contra militares y policías por delitos de lesa humanidad, y recordó que en Paraná sucedió lo mismo con los estudios de otros abogados querellantes en las mismas causas.

SOLIDARIDAD Y REPUDIO

En tanto, desde el Área Memoria y Derechos Humanos de la sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), repudiaron el "feroz atentado sufrido por la abogada querellante María Isabel Caccioppoli, representante legal de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, en nuestra ciudad y Concordia".


"Exigimos el pronto esclarecimiento de lo sucedido, que parece encerrar un claro mensaje intimidatorio en momentos en que, finalizado el proceso de instrucción en la causa César Román y otros, se espera el inicio del juicio oral y público en el Juzgado Federal", prosigue el comunicado enviado a El Miércoles Digital.

Además, en el parte firmado por María Luisa Grianta y Eduardo Daniel Ojeda, reclaman "la protección preventiva de la abogada y de los querellantes", a quienes hacen llegar su "mayor solidaridad".


FUENTE: El Miércoles Digital