La Justicia investiga el incendio y los destrozos sufridos en el estudio legal de María Isabel Cacciopoli, representante de víctimas del terrorismo de Estado en la costa del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar. “Esto no fue un accidente”, aseguró la letrada, y reveló que el hecho estaba dentro de sus “previsiones”. Unánimes expresiones de repudio y solidaridad.
"Esto no fue un accidente, fue un atentado lisa y llanamente", expresó la abogada María Isabel Caccioppoli, calificando así el incendio que sufrió su estudio ubicado en Scelzi 43, a metros de su intersección con Galarza. El episodio ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando los autores incendiaron la oficina, provocando destrozos. La letrada es querellante en causas contra represores que están a punto de llegar a juicio y en el siniestro se habrían perdido documentos de valor, CPU y otros efectos. "Cuando uno ingresa a este tipo de causas sabe a qué se expone y estaba dentro de mis previsiones que podría suceder", dijo Cacciopoli.
Caccioppoli representa al uruguayense César Yegua Román en causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en La Histórica, retomadas una vez derogadas las 'Leyes del Perdón'. Román también recibió amenazas telefónicas, según denunciaron organismos de derechos humanos este jueves en Paraná. Estas causas involucran a Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la dictadura. De comprobarse esto sería un nuevo incidente en una preocupante escalada de este tipo de hechos que se vienen registrando en el país. Precisamente, la causa Román tiene fecha para elevarse a juicio a fines de este mes.
SIN PRECISIONES
Cacciopolli manifestó que "todavía no tengo la especificaciones técnicas de lo que ocurrió. Me encontré con que habían cometido un ilícito, prendiendo fuego, pero no puedo determinar exactamente cual es la situación real. Tengo una leve presunción de dónde puede llegar". Y esas presunciones se "relaciona con las querellas de César Román y las de Concordia, pero no puedo determinarlo hasta ahora con exactitud. No puedo determinarlo. Ahora, el fiscal (Fernando) Lombardi está trabajando, como así también Gendarmería y estoy tranquila porque sé que harán un trabajo correcto".
La abogada confirmó a Uno: "Amenazas, en forma directa, no he tenido. Algunos indicios sí he tenido, pero que yo he tratado de minimizarlas, justamente para demostrar que no tengo miedo". Sobre si esos indicios o amenazas provenían de La Histórica u otros lugares, prefirió mantener reserva. "Ahora estoy colaborando con la Justicia y sólo quiero que se esclarezca" este hecho.
Descartó sentir temor por esta escalada que se ha dado en los últimos tiempos. Si "tuviera miedo no hubiese asumido en las querellas. En lo personal no tengo miedo y todo el daño que me han ocasionado me fortalece aún más. La próxima vez me tendrán que matar", expresó a la vez que aclaró: "No pedí ni tengo custodia".
Por último, agradeció "el acompañamiento de todo el mundo, mi teléfono no ha parado de sonar con llamadas de todos lados, de clientes, vecinos, colegas... Me siento acompañada, gracias a Dios. Sólo espero que terminen con las pruebas y empezar con mis colaboradores a trabajar. Soy una persona de trabajo que lo hace muchas horas por día y que tendrá que poner más empeño".
DERECHOS HUMANOS
La causa por violaciones a los derechos humanos que lleva adelante la doctora Cacciopoli se basa en la denuncia realizada por Román contra José Darío Mazzaferri. De acuerdo a la denuncia, José Darío Mazzaferri integró un grupo de tareas que en 1976 detuvo y torturó a Román (entonces integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal).
También integran la causa los testimonios del hoy subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, profesor Roque Edmundo Pepa Minatta, Carlos Martínez Paiva y Juan Carlos Changui Rodríguez, todos de Concepción del Uruguay.
SOLIDARIDAD Y REPUDIO
En tanto, desde el Área Memoria y Derechos Humanos de la sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), repudiaron el "feroz atentado sufrido por la abogada querellante María Isabel Caccioppoli, representante legal de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, en nuestra ciudad y Concordia".
La conocida profesional, que lleva adelante las causas contra represores de la dictadura, sufrió un ataque en su estudio jurídico en la madrugada de este jueves: destrozos y principio de incendio. Se intenta determinar los responsables y los daños producidos. Quemaron importante documentación de los casos de delitos de lesa humanidad.
Por A.S., de la redacción de El Miércoles Digital
En la madrugada de este jueves, personas aun desconocidas ingresaron por la fuerza en las oficinas de la abogada uruguayense María Isabel Caccioppoli, provocando destrozos, incendiando papeles y luego huyendo sin robar ningún elemento de valor, aunque se teme que se habrían extraviado materiales valiosos para algunas de las causas que la profesional lleva adelante.
Caccioppoli es conocida por ser quien representa a los querellantes en las causas que se tramitan por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Concepción del Uruguay, causas retomadas o iniciadas tras la nulidad de las llamadas "leyes del perdón", y que se sustancian en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, con involucrados como Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior del gobierno de facto.
El estudio jurídico de la abogada Caccioppoli está ubicado en calle Scelzi 43, a metros de su intersección con Galarza, a pasos de la Terminal de Omnibus. Según adelantó el informe brindado por el periodista Pablo Bianchi en Prensa Animal, los autores entraron por un ventiluz trasero, que da a un pequeño patio interno.
La Policía maneja al menos dos hipótesis, pero la más firme está relacionada a las causas por delitos de lesa humanidad. Inmediatamente de conocido el hecho, llegaron autoridades policiales y el juez de Instrucción Mariano Martínez. Pedirán también la intervención de la Justicia Federal. Numerosos colegas de la damnificada se acercaron para brindar su apoyo a la letrada, que también es representante legal de la Asociación Perjudicados por la Justicia (Aperju).
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Roque Minatta, también manifestó su preocupación por el hecho y se comunicó con la abogada apenas tuvo conocimiento. Desde ese organismo se pedirá la participación de Gendarmería en las pericias que se realicen a los efectos de avanzar en el esclarecimiento del episodio.
Las llamas alcanzaron documentación de importancia que la abogada tenía en su poder con relación a diferentes causas por violaciones a los derechos humanos, y espera el informe del peritaje realizado por la Policía de Entre Ríos para confirmar la intencionalidad del hecho. Aseguró que, de todas maneras, tiene copias de la documentación dañada en el archivo de su estudio.
Cacciopoli reveló a LT11 que ha recibido intimidaciones que no denunció en su momento, y que respondían a las causas que lleva adelante contra militares y policías por delitos de lesa humanidad, y recordó que en Paraná sucedió lo mismo con los estudios de otros abogados querellantes en las mismas causas.
SOLIDARIDAD Y REPUDIO
En tanto, desde el Área Memoria y Derechos Humanos de la sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), repudiaron el "feroz atentado sufrido por la abogada querellante María Isabel Caccioppoli, representante legal de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, en nuestra ciudad y Concordia".
"Exigimos el pronto esclarecimiento de lo sucedido, que parece encerrar un claro mensaje intimidatorio en momentos en que, finalizado el proceso de instrucción en la causa César Román y otros, se espera el inicio del juicio oral y público en el Juzgado Federal", prosigue el comunicado enviado a El Miércoles Digital.
Además, en el parte firmado por María Luisa Grianta y Eduardo Daniel Ojeda, reclaman "la protección preventiva de la abogada y de los querellantes", a quienes hacen llegar su "mayor solidaridad".
Aquí ofrecemos una entrevista realizada el viernes 12 de marzo a la doctora María Isabel Caccioppoli (abogada querellante) y a Carlos Paiva (querellante). Esta nota se emitió en vivo en el programa Animal TV, que se emite en duplex por Radio Animal FM 100.7 y el Canal Local de Cablevisión de Concepción del Uruguay.
El ex ministro del Interior durante la última dictadura, Albano Harguindeguy fue trasladado en la mañana de hoy jueves al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para declarar sobre delitos de lesa humanidad cometidos en la Histórica y en la ciudad de Concordia. El represor se encuentra actualmente con prisión domiciliaria, por problemas de salud, en el marco de la causa que se tramita en la Capital Federal por el denominado Plan Cóndor.
Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital
Tal como estaba previsto y tras diversos llamados a indagatoria que habían sido postergados, el ex ministro del Interior de la última dictadura cívico-militar, general de división retirado Albano Harguindeguy se presentó a indagatoria ante el Juzgado Federal uruguayense por las causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos tanto en Concepción del Uruguay como en Concordia.
El imputado, que en otras oportunidades se había excusado por motivos de salud, fue finalmente trasladado desde la Capital Federal, en una unidad móvil de terapia intensiva. Harguindeguy arribó antes de las 8 de la mañana y salió del juzgado alrededor antes de las 14 horas, con destino a su domicilio en Buenos Aires.
Actualmente se encuentra detenido en el marco de la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad en el denominado Plan Condor, mediante el cual las dictaduras del Cono Sur coordinaban tareas represivas y la persecución de militantes políticos. En febrero de 2008 la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires había recibido denuncias de que Harguindeguy no cumplía su detención domiciliaria ya que había sido visto veraneando en la ciudad de Pinamar.
REPRESOR CONFESO El ex ministro de Interior de Jorge Rafael Videla, tenía dentro de su orbita los centros clandestinos de detención de las diferentes fuerzas de seguridad entre ellos los de la Policía Federal Argentina, tal es el caso de la delegación uruguayense en la que en 1976 fueron secuestrados y torturados estudiantes secundarios y dirigentes políticos. De allí su responsabilidad jerárquica y la imputación en dichas causas.
En el año 2003, el propio Harguindeguy había reconocido para la televisión francesa (en el documental Escuadrones de la muerte. La Escuela Francesa) que no estaba arrepentido de lo sucedido: “Hicimos lo que correspondía, en cumplimiento del deber militar. Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: nosotros los libramos de ser un país marxista. Tengo que reconocer que ometimos errores. Si no cometiéramos errores seríamos dioses. Qué aburrido sería un país gobernado por los dioses, sin pecado, sin delito”.
Además había manifestado que a diferencia de Argelia, en la Argentina “cada desaparecido tenía padres, hermanos, tíos, abuelos, que actuaron políticamente con un gran resentimiento, natural. Mientras los que murieron en lucha o en combate o que se supo y fueron identificados, no ocasionaron reclamo de ninguna naturaleza. El problema, dice el informe mío, son los desaparecidos”. De este modo, según destacó el periodista Horacio Verbitsky en el diario Página/12 del 2 de septiembre de 2003, Harguindeguy retoma un rancio debate entre facciones internas de la dictadura. Ninguna repudió los métodos que todas practicaron con criminal entusiasmo, pero algunos tuvieron mayor previsión sobre las consecuencias.
Entre otras cosas, el ex ministro, también había reconocido: “No sé si los oficiales que estuvieron en la Escuela de las Américas, que tienen mi edad, que estamos más allá del bien y del mal, podrán decir si recibieron enseñanza específica sobre tortura, pero sobre la forma de interrogar seguro que sí”.
La medida fue resuelta por la jueza federal Beatriz Aranguren por los delitos de de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad y torturas en asociación ilícita durante la última dictadura. Francisco Crescenzo ocupaba el cargo de subcomisario de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina y Juan Carlos Mondragrón era el jefe de la departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos. A su vez, Crescenzo y Mondragón fueron embargados por las sumas de 100 mil y 15 mil pesos, respectivamente, y la querella apelará dicha medida ya que son cifras irrisorias respecto a los embargos establecidos para otros represores de la misma causa.
Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital
La jueza federal de Concepción del Uruguay, Beatriz Aranguren ordenó el procesamiento y el embargo de Francisco Crescenzo y Juan Carlos Mondragrón. Ambos se encuentran imputados en la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina.
Crescenzo se encuentra detenido en el Penal Federal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, desde el pasado lunes 27 de abril, fecha en la que se había presentado a la declaración indagatoria. Ese día, el represor había evitado declarar pero había presentado un extenso escrito donde se defendía de los delitos por los que está acusado. Por su parte Mondragón se había presentado a indagatoria el miércoles 29 de abril, pero había salido caminando del Juzgado Federal sin quedar detenido, ya que formalmente solo esta denunciado por cometer delitos de lesa humanidad contra Hugo Angerosa de la ciudad de Gueleguaychú, pero otras víctimas no han realizado aún formalmente denuncias al respecto.
La medida judicial firmada este lunes 18 de mayo, incluye el embargo a Crescenzo a Mondragón por las sumas de 100 mil y 15 mil pesos respectivamente.
PROCESADOS
Francisco Crescenzo quien ocupaba el cargo de subcomisario de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina durante la última dictadura militar fue procesado por los delitos de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad y torturas como integrante de una asociación ilícita contra César Román y Carlos Martínez Paiva. Además fue embargado por la suma de 100 mil pesos. Román, quien inició la causa en febrero de 2006, al presentarse como querellante, había dicho a Miércoles Digital que Crescezno: “Era quien coordinaba las sesiones de tortura que tenían una duración de hasta 18 horas. Los que aplicaban los métodos de tormentos eran José Darío Mazzaferri (profugo de la justicia actualmente) y Julio Rodríguez (detenido en el penal de Marcos Paz). Crescenzo les daba las ordenes".
Por su parte Juan Carlos Mondragón, quien se desempeñaba al frente de la Jefatura Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, también fue procesado por los mismos delitos que Crescenzo, pero en su caso contra Hugo Angerosa quién fuera detenido en aquella ciudad y luego trasladado a la delegación uruguayense de la Policía Federal. Mondragón también fue embargado por una cifra irrisoria, 15 mil pesos.
EMBARGOS IRRISORIOS
Si bien se hizo lugar al pedido de los procesamientos, la abogada querellante María Isabel Caccioppolli indicó a Miércoles Digital, que apelará ambos embargos ya que se tratan de cifras irrisorias teniendo en cuenta la responsabilidad de ambos represores en los hechos. También cuestionó que esas cifras no se condicen con los embargos aplicados, en diciembre de 2008 por el entonces juez federal Guillermo Quadrini, a los otros dos detenidos en la misma causa, Juan Valentino (ex jefe del Ejercito en Gualeguaychú) y Julio Rodríguez alias el moscardón verde (uniformado de la Policía Federal acusado de aplicar torturas a los detenidos, quien era subordinado de Crescenzo) de 800 mil y 600 mil pesos respectivamente.
Mediante una orden de captura internacional dictada por la jueza federal de Concepción del Uruguay, Beatríz Aranguren, la Interpol deberá rastrear y detener al represor José Darío Mazzaferri ex integrante de la Policía Federal Argentina imputado por torturar a estudiantes y dirigentes políticos, en la sede uruguayense de esa fuerza policial, durante la última dictadura militar. El represor, tras evitar presentarse a indagatoria en diversas oportunidades se dio a la fuga.
Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital
La jueza federal de Concepción del Uruguay, Beatríz Aranguren quien se encuentra a cargo de la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la delegación uruguayense de la Policía Federal Argentina libró ordenar un pedido de captura internacional para José Darío Mazzaferri, DNI 10.395.323.
Mazzaferri se desempeñó hasta mediados de 2007 al frente de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo de la Policía Federal, año en el que fue desplazado de su cargo a pedido de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos.
La medida judicial ordenada por Aranguren fue resuelta el pasado jueves 14 de mayo pero conocida en la noche de este miércoles por Miércoles Digital, primer medio en dar a conocer esta noticia.
La captura internacional había sido pedido por la abogada querellante, María Isabel Caccioppoli, al igual que por el Subsecretario Derechos Humanos de Entre Ríos, Roque Minatta, quien a su vez fue víctima de Mazzaferri durante la dictadura y es testigo en la causa judicial.
UNA FUGA MÁS QUE ANUNCIADA
Tal como lo adelantara Miércoles Digital, la justicia supo sobre la fuga de Mazzaferri, en la noche del pasado miércoles 13 mayo, cuando mediante un allanamiento se supo que ya no se encontraba en su domicilio de Pavón 416 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La esposa de Mazzaferri, que se encontraba en lugar, dijo a los efectivos que desconocía donde se encontraba y que hacía tiempo se había ausentado de su hogar.
Un día antes, el martes 12 mayo, mediante un exhorto la jueza federal de Concepción del Uruguay, Beatriz Aranguren, había solicitado al Juzgado Federal de turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el seguimiento y la detención de Mazaferri.
Por ese motivo se había activó un operativo a cargo de la Unidad Especial de Investigaciones y
Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional con asiento en la Capital Federal, que tras realizar tareas de inteligencia para hallar a Mazaferri, fue autorizada a allanar su domicilio de Pavón 416 en la madrugada del miércoles.
UN VIEJO PEDIDO
Sin embargo, antes de que Mazzaferrri se diera a la fuga, en tres oportunidades la querella había solicitado su detención ya que el represor se había excusado de presentarse ante las reiteradas convocatorias aindagatoria, amparándose en tener hipertensión (presión alta). Según explicaron a Miércoles Digital fuentes confiables una persona con hipertensión, con una adecuada medicación, podría asistir a indagatoria sin mayores inconvenientes. También este medio pudo conocer que mientras se llevaba a cabo el proceso judicial Mazzaferri realizó viajes al exterior, hasta principios de 2008, entre ellos a Brasil y España.
¿QUIÉN ES MAZZAFERRI?
El ex comisario de la Policía Federal está imputado en la causa iniciada por la denuncia de César Román ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, como responsable de la detención y tortura de estudiantes secundarios y dirigentes políticos en Julio de 1976, donde fueron víctimas Román, actualmente docente universitario residente en Mar del Plata, el propio Minatta y Juan Carlos Changui Rodríguez, actual secretario privado del vicegobernador José Lauritto, y el empleado municipal Carlos Martínez Paiva.
"El oficial Masaferro tomó un artefacto, parecido a un soldador eléctrico pero más chico (supongo que era una picana eléctrica) y la aplicó sobre el cuerpo de aquella persona, la que se arqueó sobre sí mismo y gritó de dolor. Una vez hecho esto, apuntándome con aquel artefacto, el oficial Masaferro me dijo: 'Empezá a cantar, pendejo de mierda, o después sigo con vos'. Las dos personas que estaban allí me volvieron a encapuchar y volvimos por las escaleras, donde tuve tremendas sensaciones de vómitos y mareos como consecuencia de la escena observada. La persona a la que el oficial Masaferro le aplicaba semejante tormento era Carlos Martínez Paiva", dijo Román en su testimonio de la causa iniciada por él mismo a principios de 2006. En 2006 mediante una investigación del semanario El Miércoles de Concepción del Uruguay se supo que Massaferro, era José Dario Mazzaferri.
En la tarde de este jueves, Miércoles Digital adelantó la noticia de que José Darío Mazzaferri, ex represor imputado por delitos de lesa humanidad ocurridos en Concepción del Uruguay, se encontraba prófugo. El ex policía ya había realizado durante el proceso judicial viajes al exterior. Aquí, la crónica de una fuga más que anunciada.
Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital
Para cuando esta semana fue allanado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el domicilio de José Darío Mazzaferri DNI 10.395.323, de Pavón 416, la querella ya había solicitado en tres oportunidades su detención, sin embargo como vemos la justicia llegó tarde.
Si bien, la justicia y el estado de derecho, que otorga solamente la democracia, deben asegurar las garantías del debido proceso, eso no implica que no se puedan tomar precauciones sobre todo teniendo antecedentes del accionar de personajes como Mazzaferri que en reiteradas oportunidades había evitado presentarse a indagatoria ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay e incluso había entorpecido una causa judicial por narcotráfico en la provincia de Salta.
EL OPERATIVO DETENCIÓN
El martes de esta semana, mediante un exhorto la jueza federal de Concepción del Uruguay, Beatriz Aranguren, solicitó al Juzgado Federal de turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el seguimiento y la detención de Mazaferri.
Por ese motivo se activó un operativo a cargo de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional con asiento en la Capital Federal, que tras realizar tareas de inteligencia para hallar a Mazaferri, fue autorizada a allanar su domicilio de Pavón 416 en la madrugada del miércoles.
Allí no estaba Mazzaferri, y su mujer afirmó que hacía tiempo que se había ido, que ya no vivía más en su casa y que desconocía su paradero.
PEDIDO DE CAPTURA INTERNACIONAL
En estas horas la Justicia Federal emitiría un pedido de captura internacional para que INTERPOL localice y detenga al exrepresor. Tal como lo había solicitado la querella en tres oportunidades. En ese sentido y tal como lo había anticipado Miércoles Digital, el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, el profesor Roque Minatta, quien a su vez es víctima del mismo hecho y testigo de la causa informó ayer jueves que solicitarán a la justicia la captura de Mazzaferri.
Según pudo conocer de Miércoles Digital, Mazzaferri todavía se encontraría en el país, o en caso de estar fuera del país no habría pasado por ninguno de los pasos de frontera. Un dato llamativo y no menor es que luego de iniciada la causa en febrero de 2006, e incluso luego de que fuera destituido (en el marco de su imputación en esta causa) de su cargo de jefe de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo de la Policía Federal Argentina, el represor realizó viajes al exterior entre ellos a España y Brasil, hasta aproximadamente enero de 2008. Sin embargo esa situación no fue considerada de gravedaden la causa judicial, hasta hace poco a cargo del Guillermo Quadrini y ahora a cargo de Beatriz Aranguren.
¿QUIÉN ES MAZZAFERRI?
El ex oficial de la Policía Federal está imputado en la causa iniciada por la denuncia de César Román ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, como responsable de la detención y tortura de estudiantes secundarios en Julio de 1976, donde fueron víctimas Román, actualmente docente universitario residente en Mar del Plata, el propio Minatta y Juan Carlos Changui Rodríguez, actual secretario privado del vicegobernador José Lauritto, y el empleado municipal Carlos Martínez Paiva.
"El oficial Masaferro tomó un artefacto, parecido a un soldador eléctrico pero más chico (supongo que era una picana eléctrica) y la aplicó sobre el cuerpo de aquella persona, la que se arqueó sobre sí mismo y gritó de dolor. Una vez hecho esto, apuntándome con aquel artefacto, el oficial Masaferro me dijo: 'Empezá a cantar, pendejo de mierda, o después sigo con vos'. Las dos personas que estaban allí me volvieron a encapuchar y volvimos por las escaleras, donde tuve tremendas sensaciones de vómitos y mareos como consecuencia de la escena observada. La persona a la que el oficial Masaferro le aplicaba semejante tormento era Carlos Martínez Paiva", dice Román en su testimonio de la causa iniciada por él mismo a principios de 2006.
En el invierno de 1976, José Darío Mazzaferri (que se hacía llamar Masaferro en presencia de los detenidos) era un joven oficial de la Policía Federal Argentina. Tres décadas después fue noticia no sólo por la causa iniciada en el Juzgado Federal uruguayense, sino porque un año antes (8 de mayo de 2005) ocurrió un episodio en el que cuatro policías, cerca del mediodía, volcaron sobre la Ruta Nacional34, a la altura de Puesto Viejo (Salta), cuando viajaban en una camioneta Ford Courier blanca cargada con 120 kilos de cocaína, el doble de la que originó el escándalo de la empresa de aerolíneas Southern Winds.
Según informó Página/12 en ese entonces, el propio ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, decidió enviar a Mazzaferri a la provincia de Salta cuando el escándalo saltó a las tapas de los diarios. El comisario de la Policía Federal, sostuvo la inocencia de los policías durante una conferencia de prensa. Pero no fue lo único, además dijo que se había tratado de "un operativo exitoso y transparente". Por ese caso, el juez Abel Cornejo, con jurisprudencia en Salta, ya lo había denunciado por "apología del delito". Sin embargo, en noviembre de 2005, Fernández premió a Mazzaferri nombrándolo jefe de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo de la Policía Federal.
Finalmente, en 2007 el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Roque Minatta, solicitó al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Duhalde, el paso a retiro de Mazzaferri, debido a su imputación en la causa por delitos de lesa humanidad ocurridos en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal en 1976. Actualmente, la Justicia Federal investiga en Salta el caso de los narcopolicías y la relación de Mazzaferri con el hecho.
En el mediodía de este lunes la jueza federal Beatriz Aranguren ordenó la detención de Francisco Crescenzo, quien fuera subcomisario de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina durante la última dictadura militar. Se le imputa ser autor mediato en la detención y tortura de un grupo de estudiantes secundarios y de dirigentes políticos. Fue trasladado al penal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, lugar en el que ya se encuentra detenido el represor uruguayense Julio Rodríguez alias el moscardón verde.
Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital
Tras presentarse a la declaración indagatoria a la que había sido convocado por la justicia este lunes, el comisario retirado Francisco Crescenzo quedó detenido en el marco de la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad ocurridos en Concepción del Uruguay durante la última dictadura.
Crescenzo quien actualmente es comisario retirado de la Policía Federal Argentina, ocupaba en 1976 el cargo de subcomisario de la delegación Concepción del Uruguay de esa fuerza policial, secundando al entonces comisario Vera. En dicha dependencia funcionó el principal centro clandestino de detención de LaHistórica, durante los años de plomo.
La detención, ordenada por la doctora Beatriz Aranguren jueza federal de Concepción del Uruguay, se debe a que las pruebas y testimonios recolectados en la causa involucrarían a Crescenzocomoautor mediato de los delitos que se investigan.
En su indagatoria, el ex subcomisario de la Policía Federal de la delegación Concepción del Uruguay durante la dictadura, se abstuvo de declarar pero presentó un extenso descargo por escrito.
TRASLADO
Poco minutos antes de las 13 horas del lunes, Crescenzo fue trasladado por personal de Gendarmería Nacional en una camioneta doble cabina de dicha fuerza. Si bien el imputado se paseaba sin mayor preocupación por al hall de ingreso al Juzgado Federal, antes de ser trasladado una de sus allegadassolicitó al personal uniformado que se le cubriera el rostro con un saco de vestir ante la presencia de Miércoles Digital quien ya lo había fotografiado desde el exterior del edificio. También llamó la atención que el detenido haya sido trasladado sin ser esposado.
Cresenzo fue trasladado a la Unidad Penal Federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, lugar en el que ya se encuentra detenido desde noviembre de 2008 el represor uruguayense Julio Rodríguez, alias el moscardón verde, en el marco de esta misma causa judicial.
IMPUTACIÓN
“El lunes 16 de julio de 1976 cerca de las 21 fui detenido por personal de la Policía Federal vestidos de civil cuando llegaba a mi domicilio de entonces, calle 8 de junio 216. Me introdujeron en un automóvil Fiat 125 color azul claro, acompañado por un Dodge 1500 color negro. Mi domicilio fue allanado, sacaron libros y afiches” contó en abril de 2006 César Román querellante en la causas al extinto semanario El Miércoles.
“El inspector Crecenso, los oficiales Julio César Rodríguez, alias El Moscardón Verde, y Masaferro (sic), más dos personas que no conozco sus nombres, intervinieron en mi detención. Una vez en el automóvil y en el trayecto mismo comenzaron un proceso de amenazas verbales y de golpes sobre el torso de mi cuerpo. Me llevaron hasta la dependencia de la Policía Federal, cita en calle San Martín y Artigas. Una vez allí me alojaron en una oficina que el personal policial denominaba 'Casino de Oficiales'. En la misma sala se encontraban dos compañeros de quinto año de la Escuela Normal” contó el docente oriundo de Concepción del Uruguay que en 1976 siendo estudiante secundario fue detenido y torturado en la sede policial.
Ahora, en diálogo con Miércoles Digital, Román destacó la importancia de la detención de Crescenzo ya que: "Era quien coordinaba las sesiones de tortura que tenían una duración de hasta 18 horas. Los que aplicaban los métodos de tormentos eran José Darío Mazzaferri y Julio Rodríguez. Crescenzo les daba las ordenes".
LA CAUSA
En febrero de 2006, César Román, un uruguayense que actualmente es docente universitario y reside en la ciudad de Mar del Plata, decidió presentarse como querellante para que se investigue la detención y tortura de un grupo de estudiantes secundarios de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, ocurrido en 1976 en la sede uruguayense de la Policía Federal, durante la última dictadura militar.
Además de Román, del hecho también habían sido víctimas el actual Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, Roque Minatta, el trabajador municipal Carlos Paiva y el ex concejal del PJ Juan Carlos “Changui” Rodríguez, quien actualmente integra el equipo de trabajo del vicegobernador José Eduardo Lauritto.
En el marco de la causa en la que se investiga la detención y tortura de un grupo de estudiantes secundarios, ocurrida en 1976 en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina, la Cámara Federal con asiento en Paraná resolvió el pasado viernes que Juan Valentino, jefe del Ejercito en Gualeguaychú durante la última dictadura militar tenga el beneficio de la detención domiciliaria hasta que se produzca el juicio oral y público. Mientas que decidió que Julio Rodríguez, alias el moscardón verde, el represor uruguayense que cumplía funciones en la sede policial siga detenido en el Penal Federal de Marcos Paz a la espera del juicio.
Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital
El viernes de la semana pasada, la Cámara Federal de Paraná resolvió dar el beneficio de la prisión domiciliaria a Juan Valentino, quien se encuentra procesado en la causa en la que se investiga la detención y tortura de estudiantes y dirigentes en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina, ocurrida durante la última dictadura militar. Valentino se encuentra detenido en la unidad penal de Campo de Mayo, desde el pasado 25 de noviembre de 2008, fecha en la que se había presentado a indagatoria ante el juzgado de Concepción del Uruguay.
El pedido de excarcelación había sido presentado por el doctor Ibanez,defensor de Valentino, basándose en el denominado fallo Díaz Bessone, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2007), el cual ordena a los tribunales inferiores brindar el derecho deprisión domiciliaria a aquellos imputados en causas por delitos de lesa humanidad que sean mayores de 70 años.
Valentino, de 73 años, se había presentado ante la Justicia Federal en la primera fecha a la cual fue convocado a indagatoria, a diferencia de los otros imputados que en su mayoría vienen presentando certificados médicos y otras justificaciones para postergar las indagatorias.
Además, había entregado las armas de fuego que poseía ante el Registro Nacional de Armas (Renar). Ambas actitudes, que no son casuales y están enmarcadas dentro de una estrategia legal, lo beneficiaron a la hora de solicitar su detención domiciliaria.
UN MOSCARDÓN EN MARCOS PAZ
Por su parte, el uruguayense Julio Rodríguez, alias el moscardón verde, quien se desempeñaba como oficial de la Policía Federal Argentina, y que está acusado de cumplir funciones en la represión ilegal de la última dictadura, continuará detenido en el Penal Federal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, lugar donde reside desde el 27 de noviembre de 2008, y al que fue trasladado tras quedar detenido el día de su indagatoria.
En su caso, la Cámara Federal entendió que más allá de tener 72 años de edad, por su actitud, puede impedir el normal transcurso de la investigación, ya que se podría haber fugado e ir a vivir con su hijos que residen en el extranjero.La carga de pruebas que lo incriminan es muy importante y por eso no hicieron lugar a su pedido de excarcelación. Insólitamente el mismo Rodríguez en su declaración se había jactado de que “podría fugarse si quisiera”.
La decisión de la Cámara también está basada en el denominado fallo Díaz Bessone, de la Suprema Corte que exceptúa del beneficio de presión preventiva domiciliaria a las situaciones consideradas en el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación el cual expresa que: “Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”.
LA POSTURA DELA CÁMARA
En su interpretación de los hechos que se investigan, la Cámara Federal considera que Juan Valentino sería el autor inmediato, y que Julio Rodríguez alias el moscardón verde, sería el autor material. Dicha postura no es un dato menor, ya que de esta manera la Cámara califica la autoría y la responsabilidad que tendrían los imputados. A su vez si bien la Cámara dio el beneficio de la prisión domiciliaria a Valentino, confirmó su procesamiento, al igual que el de Rodríguez. Ambos imputados pueden apelar dicha resolución ante la Cámara de Casación Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires (instancia superior a la Cámara Federal de Paraná), ya que todavía están dentro de los plazos estipulados para tal situación. Ambos continúan con prisión preventiva.
PROCESAMIENTOS Y EMBARGOS
Los procesamientos de Valentino y Rodríguez habían sido resueltos en diciembre de 2008, por el doctor Guillermo Quadrini, quien entonces era el juez a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad en la costa del Uruguay. En una resolución de 100 fojas de extensión, Quadrini había ordenado procesar y embargar a los dos imputados. Valentino se encuentra embargadopor un monto de 800 mil pesos, mientras que Rodríguez por la suma de 500 mil pesos.
LA CAUSA
En febrero de 2006, César Román, un uruguayense que actualmente es docente universitario y reside en la ciudad de Mar del Plata, decidió presentarse como querellante para que se investigue la detención y tortura de un grupo de estudiantes secundarios de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, ocurrido en 1976 en la sede uruguayense de la Policía Federal, durante la última dictadura militar.
Además de Román, del hecho también habían sido víctimas el actual Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, Roque Minatta, el trabajador municipal Carlos Paiva y el ex concejal del PJ Juan Carlos “Changui” Rodríguez, quien actualmente integra el equipo de trabajo del vicegobernador José Eduardo Lauritto.
En el ex centro clandestino de detención uruguayense, también habían sido detenidos ciudadanos de Gualeguaychú que el propio Juan Valentino habría ordenado detener y trasladar ilegalmente durante la dictadura. Precisamente los testimonios de Hugo Angerosa y Jorge Felguer dos gualeguaychuenses ex detenidos y torturados fueron claves para la detención de Valentino.
