Luego del “Informe Especial” publicado por DIARIOJUNIO, en el que dimos cuenta de la presunta quema de archivos de tiempos de la dictadura militar, en la departamental Concordia de Policía, las repercusiones no cesan. Primero el pedido de informes formulado por Rubén Bonelli al jefe de policía local y ahora, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia que apunta a la fuerza policial. En una nota enviada a DIARIOJUNIO Roque Minatta apunta contra la responsabilidad policial y salva al ex gobernador Jorge Busti, al actual Sergio Urribarri y a José Halle a quienes sindica como quienes demostraron “compromiso con el esclarecimiento de las causas”.
REPRODUCCIÓN TEXTUAL
Ante la denuncia efectuada por el Inspector Principal Andrés Costa, quien manifestara ante la Delegación Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos, que los archivos policiales de los años 1975, 1976 y 1977 fueron quemados en Concordia por orden de una autoridad superior, será la policía de Entre Ríos quien deberá documentar esa orden, habida cuenta que ni el entonces Gobernador Jorge Busti, ni el entonces Ministro Sergio Urribarri, ni el entonces Secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos José Carlos Halle impartieron ordenes al respecto, así como tampoco la entonces titular del Archivo Histórico Graciela Bascourleguy.
Si la misma policía reconoce el delito deberá esta investigar quien dio la orden y los Jefes de la Departamental Concordia de 2004 y sus superiores deberán hacerse responsable ante la Justicia para esclarecer el caso. Fue esta Subsecretaría de Derechos Humanos quien autorizó al Escribano Gomez y al Prof. Bonelli a ingresar a los archivos de la Policía de Concordia en cumplimiento con la ley 9577, para aportar pruebas al esclarecimiento de la desaparición del ciudadano Sixto Zalazar , denuncia que se tramita ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y atiende como abogada querellante la Dra. María Isabel Cacciopolli.
Si en esta provincia alguien tuvo compromiso con el esclarecimiento de las causas que se tramitan ante los Juzgados de Paraná y Concepción del Uruguay, fueron Busti, Urribarri y Halle quienes no solo crearon el Registro Único de la Verdad, sino la Subsecretaría de Derechos Humanos para acompañar en todo momentos a los querellantes victimas del terrorismo de Estado y de ello pueden dar fe los abogados querellantes de las causas de lesa humanidad que se sustancian en Entre Ríos, el Archivo Nacional de la Memoria y las organizaciones de derechos humanos.
Luego que DIARIOJUNIO hiciera conocer que dos oficiales de policía aseguraran que los libros de guardia que forman parte de los archivos policiales de los años 1974/75/76 fueron quemados, el responsable local de la subsecretaría de Derechos Humanos, se presentó hoy en esa jefatura y “solicito” datos específicos sobre el tema. Este diario accedió a la carta presentada por Rubén Bonelli en la que textualmente se pide al jefe de policía, Luís Albarracín “informe si existen actas de procedimientos referentes a expurgos, quema o incineración de documentación de la época de la dictadura militar de la dependencia policial que Usted conduce, desde el año 1983 a la fecha”.
A su vez, trascendió que el jefe de policía de la provincia Héctor Massuh habría enviado a Concordia una delegación de Asuntos Internos para investigar ese hecho del que recién comenzó a tirarse la piola y que puede mostrarnos una verdadera caja de Pandora. La presentación que realizó Bonelli esta mañana en la policía departamental, contiene el recibido, avalado por el sello y la firma de un Sargento 1º de esa repartición.
LA NOTA ALA QUE ACCEDIÓ DIARIO JUNIO DICE TEXTUALMENTE:
Al Señor Jefe Departamental de Policía de Concordia
Comisario Mayor Luis Albarrasín
“Por la presente, me dirijo a Usted, a efectos de solicitar, se informe a ésta Delegación, si existen actas de procedimientos referentes a expurgos, incineración o quema de documentación de la época de la dictadura militar de la dependencia policial que Usted conduce, desde el año 1983 a la fecha.
Si existiere, solicito además, nombres de los responsables del acto, fecha y lugar del expurgo, como así también detalle de la documentación incinerada. La solicitud mencionada, se enmarca en el pedido que me hiciera la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en la causa “fiscalía federal solicita desarchivo de causas por desaparición de personas, área concordia”.
Dos días antes que se hiciera público el Decreto firmado por el gobernador Sergio Urribarri, mediante el cual se ordena a los organismos del Estado entrerriano, en especial a la policía, abrir los archivos para acceder a todo lo ocurrido entre los años 1956 y 1983, el responsable de Derechos Humanos de Concordia, Rubén Bonelli se presentó junto al escribano Nelson Gómez en la jefatura de policía de Concordia y se encontró con una sorpresa : en Concordia los libros de guardia de los años 1974, 75 y 76, donde debían estar asentados los movimientos diarios de la policía, fueron quemados “expurgados” en el año 2004 tiempos en que gobernaba Jorge Busti.
En otras palabras, la policía desnudó que un gobierno de la democracia ordenó, borrar las huellas de sangre dejadas por los responsables de la dictadura. ¿Por qué? La explicación ofrecida por el oficial Principal Andrés Costa, fue que “con el transcurso del tiempo, la documentación se quema”. El dato imposible de soslayar, es la sospecha que, en esa jefatura estuvo “chupado”, entre otros, Sixto Zalazar, secuestrado precisamente el 26 de mayo del 1976 o sea, el hecho que debió estar registrado y se quemó. Luego que DIARIOJUNIO accedió a esta información consultó a Bonelli y este aseguró que habló con la funcionaria de Busti de esa época, Graciela Bascourleguy y esta negó absolutamente esos dichos y habría agregado, siempre según el responsable de Derechos Humanos de la ciudad, que “hacer una cosa así sería ilegal, está prohibido por ley quemar documentos históricos y esos lo son”, dijo citando la ley de Archivo, 7452 del año 1984.
Por CLAUDIO GASTALDI
(De la redacción de Diario Junio, Concordia)
El tema reviste gravedad por el lado que se lo mire. Lo primero de todo es que el representante de los Derechos Humanos de un organismo del Estado, fue a buscar información a otro organismo del Estado (que está obligado por ley a entregarla) y no pudo acceder pues esa información no existe. ¿No existe? la funcionaria que supuestamente habría sido la encargada de quemar esos archivos lo niega terminantemente, y entonces… Por ahora, el cúmulo de preguntas dejan un hueco que probablemente destape una caja de pandora.
Otro dato que convierte esta historia en una hiriente ironía o como quiera llamársele, es que, por esos mismos días (año 2004), Busti como gobernador y Sergio Urribarri como Ministro de Gobierno, pusieron en vigencia la ley 9577, creando el Registro Único de la Verdad que permite acceder a la información de “todo tipo de documentación referidas a la represión hasta 1983”. O sea, ¿Acaso alguien puede creerse tanto cinismo, promulgar la ley y al mismo tiempo ordenar o permitir que se queme ? Francamente muy difícil.
Aunque no se crea, la paradoja es brutal. Bonelli llegó a la policía el pasado 22 de marzo, con una orden firmada por Roque Minata, Subsecretario de Derechos Humanos en la que este le solicitaba al jefe de policía de Concordia que “en el marco de lo dispuesto en los artículos 2º de la ley 9577 y 3º del Decreto 4425/04 autorice a Bonelli a acceder a los archivos”. Ese artículo de la ley señala “el Poder Ejecutivo pondrá a disposición los archivos de la policía”. La respuesta que recibió de otro funcionario policial, el Comisario Inspector Julio Vera es que “los libros de guardia no existen, lo que sí existe es el libro de Altas y Bajas del personal policial Nº 19”.
EL ACTO PUBLICO EN UN REGISTRO PÚBLICO
DIARIOJUNIO accedió al “Registro de Actos e Intervenciones Extraprotocolares” Acta Nº 183, Folio 92, Tomo 50 de fecha 22 de marzo de 2010, rubricada por escribano, en la que se afirma que alguien, destruyó, quemó esa documentación pública.
Imposible no sospechar que el propósito haya sido el de encubrir delitos de lesa humanidad. El pasado 22 de marzo de 2010 ingresaron a la policía departamental Concordia, Bonelli y Gómez y fueron recibidos por el entonces sub-jefe Luís Albarracín (ahora jefe departamental), los derivó a la oficina de antecedentes a cargo de Lilia Massuh (hermana del jefe de la fuerza en Entre Ríos).En ese lugar solicitaron los antecedentes de 3 concordienses desaparecidos, Sixto Zalazar, Julio Solaga y Jorge Papeti, también los antecedentes de Ileana Gómez quien fuera acribillada a balazos en la ciudad de Santa Fe.
En ese lugar y ante el interés de Bonelli por conocer los libros de guardia de los años 1974, 1975 y 1976, o sea el libro donde queda asentado día por día todo lo que ocurre en ese ámbito, el oficial principal Andrés Costa que en ese momento vestía de civil le respondió “que por el transcurso del tiempo la documentación se quema, que todo tiene su procedimiento ya que la orden viene de Paraná, de la Dirección de Archivo de la provincia. Siguió relatando que en el acto de quema tiene que estar el jefe o jefa de la dirección de archivo y que él recuerda que la jefa en ese momento, era una mujer”. Bonelli le preguntó si quedaba alguna prueba de ese episodio, a lo que el oficial respondió que tiene que existir un acta y que debe estar en Paraná y que la quema se realizó en el campo del Abasto.
Tal relato quedó asentado en el mencionado “Registro de Actos…” que comenzó a escribirse a las 9,30 hs de ese 22 de marzo, dos días antes que Urribarri hiciera conocer la firma de un Decreto en el que ordenaba la apertura de archivos desde 1956 en virtud del pedido de aquellos que también quieren saber lo que ocurrió luego del primer golpe militar contra el peronismo.
En el lugar también estuvo presente el entonces jefe de Investigaciones y actual sub jefe de policía Lucio Villalba. En ese acto y siempre según lo consignado en el mencionado documento público rubricado por el escribano allí presente, estuvo el Comisario Inspector Julio Vera a quien también se le preguntó por los libros de guardia de esa fecha (74 al 76), a lo que contestó que tal documentación no existe y que, lo que sí existe es el “libro de Altas y Bajas del personal policial Nº 19”. En rigor la documentación que luego Bonelli entregó en el juzgado Federal de C. del Uruguay a cargo de Gustavo Román Pimentel.
BASCOURLEGUY–BONELLI
Luego que Bonelli escuchara de boca de los funcionarios policiales, Vera y Costa y que este le dijera que la quema fue en el 2004, que ocurrió en el campo del abasto y que él recordaba que la directora de Archivo era una mujer, Bonelli marchó a Paraná y este jueves hablo con la ya ex funcionaria. Bascourleguy que fue funcionaria de Busti en su último gobierno y continuó hasta febrero de este año como directora de Archivo, hizo mención a la Ley provincial de Archivo, Nº 7452 dictada en el año 1984 y señaló que la misma prohíbe el “expurgo”, mas conocido como quema o incineración de documentos considerados históricos, judiciales o administrativos.
De hecho, con esa referencia negó rotundamente los dichos del funcionario policial. Habrá que ver ahora como sigue todo este verdadero embrollo. Por lo pronto, este hecho se conoce en el medio de una acción violenta contra la abogada la abogada querellante en las causas que se tramitan en Concepción del Uruguay, María Caccioppoli". Hoy su estudio fue violentado, sufrió el incendio de una computadora y el robo de documentación relacionada con el juicio oral contra represores que comenzará en los próximos días. En esta causa está procesado el último Ministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy
La Justicia investiga el incendio y los destrozos sufridos en el estudio legal de María Isabel Cacciopoli, representante de víctimas del terrorismo de Estado en la costa del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar. “Esto no fue un accidente”, aseguró la letrada, y reveló que el hecho estaba dentro de sus “previsiones”. Unánimes expresiones de repudio y solidaridad.
"Esto no fue un accidente, fue un atentado lisa y llanamente", expresó la abogada María Isabel Caccioppoli, calificando así el incendio que sufrió su estudio ubicado en Scelzi 43, a metros de su intersección con Galarza. El episodio ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando los autores incendiaron la oficina, provocando destrozos. La letrada es querellante en causas contra represores que están a punto de llegar a juicio y en el siniestro se habrían perdido documentos de valor, CPU y otros efectos. "Cuando uno ingresa a este tipo de causas sabe a qué se expone y estaba dentro de mis previsiones que podría suceder", dijo Cacciopoli.
Caccioppoli representa al uruguayense César Yegua Román en causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en La Histórica, retomadas una vez derogadas las 'Leyes del Perdón'. Román también recibió amenazas telefónicas, según denunciaron organismos de derechos humanos este jueves en Paraná. Estas causas involucran a Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la dictadura. De comprobarse esto sería un nuevo incidente en una preocupante escalada de este tipo de hechos que se vienen registrando en el país. Precisamente, la causa Román tiene fecha para elevarse a juicio a fines de este mes.
SIN PRECISIONES
Cacciopolli manifestó que "todavía no tengo la especificaciones técnicas de lo que ocurrió. Me encontré con que habían cometido un ilícito, prendiendo fuego, pero no puedo determinar exactamente cual es la situación real. Tengo una leve presunción de dónde puede llegar". Y esas presunciones se "relaciona con las querellas de César Román y las de Concordia, pero no puedo determinarlo hasta ahora con exactitud. No puedo determinarlo. Ahora, el fiscal (Fernando) Lombardi está trabajando, como así también Gendarmería y estoy tranquila porque sé que harán un trabajo correcto".
La abogada confirmó a Uno: "Amenazas, en forma directa, no he tenido. Algunos indicios sí he tenido, pero que yo he tratado de minimizarlas, justamente para demostrar que no tengo miedo". Sobre si esos indicios o amenazas provenían de La Histórica u otros lugares, prefirió mantener reserva. "Ahora estoy colaborando con la Justicia y sólo quiero que se esclarezca" este hecho.
Descartó sentir temor por esta escalada que se ha dado en los últimos tiempos. Si "tuviera miedo no hubiese asumido en las querellas. En lo personal no tengo miedo y todo el daño que me han ocasionado me fortalece aún más. La próxima vez me tendrán que matar", expresó a la vez que aclaró: "No pedí ni tengo custodia".
Por último, agradeció "el acompañamiento de todo el mundo, mi teléfono no ha parado de sonar con llamadas de todos lados, de clientes, vecinos, colegas... Me siento acompañada, gracias a Dios. Sólo espero que terminen con las pruebas y empezar con mis colaboradores a trabajar. Soy una persona de trabajo que lo hace muchas horas por día y que tendrá que poner más empeño".
DERECHOS HUMANOS
La causa por violaciones a los derechos humanos que lleva adelante la doctora Cacciopoli se basa en la denuncia realizada por Román contra José Darío Mazzaferri. De acuerdo a la denuncia, José Darío Mazzaferri integró un grupo de tareas que en 1976 detuvo y torturó a Román (entonces integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal).
También integran la causa los testimonios del hoy subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, profesor Roque Edmundo Pepa Minatta, Carlos Martínez Paiva y Juan Carlos Changui Rodríguez, todos de Concepción del Uruguay.
SOLIDARIDAD Y REPUDIO
En tanto, desde el Área Memoria y Derechos Humanos de la sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), repudiaron el "feroz atentado sufrido por la abogada querellante María Isabel Caccioppoli, representante legal de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, en nuestra ciudad y Concordia".
La conocida profesional, que lleva adelante las causas contra represores de la dictadura, sufrió un ataque en su estudio jurídico en la madrugada de este jueves: destrozos y principio de incendio. Se intenta determinar los responsables y los daños producidos. Quemaron importante documentación de los casos de delitos de lesa humanidad.
Por A.S., de la redacción de El Miércoles Digital
En la madrugada de este jueves, personas aun desconocidas ingresaron por la fuerza en las oficinas de la abogada uruguayense María Isabel Caccioppoli, provocando destrozos, incendiando papeles y luego huyendo sin robar ningún elemento de valor, aunque se teme que se habrían extraviado materiales valiosos para algunas de las causas que la profesional lleva adelante.
Caccioppoli es conocida por ser quien representa a los querellantes en las causas que se tramitan por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Concepción del Uruguay, causas retomadas o iniciadas tras la nulidad de las llamadas "leyes del perdón", y que se sustancian en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, con involucrados como Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior del gobierno de facto.
El estudio jurídico de la abogada Caccioppoli está ubicado en calle Scelzi 43, a metros de su intersección con Galarza, a pasos de la Terminal de Omnibus. Según adelantó el informe brindado por el periodista Pablo Bianchi en Prensa Animal, los autores entraron por un ventiluz trasero, que da a un pequeño patio interno.
La Policía maneja al menos dos hipótesis, pero la más firme está relacionada a las causas por delitos de lesa humanidad. Inmediatamente de conocido el hecho, llegaron autoridades policiales y el juez de Instrucción Mariano Martínez. Pedirán también la intervención de la Justicia Federal. Numerosos colegas de la damnificada se acercaron para brindar su apoyo a la letrada, que también es representante legal de la Asociación Perjudicados por la Justicia (Aperju).
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Roque Minatta, también manifestó su preocupación por el hecho y se comunicó con la abogada apenas tuvo conocimiento. Desde ese organismo se pedirá la participación de Gendarmería en las pericias que se realicen a los efectos de avanzar en el esclarecimiento del episodio.
Las llamas alcanzaron documentación de importancia que la abogada tenía en su poder con relación a diferentes causas por violaciones a los derechos humanos, y espera el informe del peritaje realizado por la Policía de Entre Ríos para confirmar la intencionalidad del hecho. Aseguró que, de todas maneras, tiene copias de la documentación dañada en el archivo de su estudio.
Cacciopoli reveló a LT11 que ha recibido intimidaciones que no denunció en su momento, y que respondían a las causas que lleva adelante contra militares y policías por delitos de lesa humanidad, y recordó que en Paraná sucedió lo mismo con los estudios de otros abogados querellantes en las mismas causas.
SOLIDARIDAD Y REPUDIO
En tanto, desde el Área Memoria y Derechos Humanos de la sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), repudiaron el "feroz atentado sufrido por la abogada querellante María Isabel Caccioppoli, representante legal de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, en nuestra ciudad y Concordia".
"Exigimos el pronto esclarecimiento de lo sucedido, que parece encerrar un claro mensaje intimidatorio en momentos en que, finalizado el proceso de instrucción en la causa César Román y otros, se espera el inicio del juicio oral y público en el Juzgado Federal", prosigue el comunicado enviado a El Miércoles Digital.
Además, en el parte firmado por María Luisa Grianta y Eduardo Daniel Ojeda, reclaman "la protección preventiva de la abogada y de los querellantes", a quienes hacen llegar su "mayor solidaridad".
El ex ministro del Interior durante la última dictadura, Albano Harguindeguy fue trasladado en la mañana de hoy jueves al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para declarar sobre delitos de lesa humanidad cometidos en la Histórica y en la ciudad de Concordia. El represor se encuentra actualmente con prisión domiciliaria, por problemas de salud, en el marco de la causa que se tramita en la Capital Federal por el denominado Plan Cóndor.
Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital
Tal como estaba previsto y tras diversos llamados a indagatoria que habían sido postergados, el ex ministro del Interior de la última dictadura cívico-militar, general de división retirado Albano Harguindeguy se presentó a indagatoria ante el Juzgado Federal uruguayense por las causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos tanto en Concepción del Uruguay como en Concordia.
El imputado, que en otras oportunidades se había excusado por motivos de salud, fue finalmente trasladado desde la Capital Federal, en una unidad móvil de terapia intensiva. Harguindeguy arribó antes de las 8 de la mañana y salió del juzgado alrededor antes de las 14 horas, con destino a su domicilio en Buenos Aires.
Actualmente se encuentra detenido en el marco de la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad en el denominado Plan Condor, mediante el cual las dictaduras del Cono Sur coordinaban tareas represivas y la persecución de militantes políticos. En febrero de 2008 la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires había recibido denuncias de que Harguindeguy no cumplía su detención domiciliaria ya que había sido visto veraneando en la ciudad de Pinamar.
REPRESOR CONFESO El ex ministro de Interior de Jorge Rafael Videla, tenía dentro de su orbita los centros clandestinos de detención de las diferentes fuerzas de seguridad entre ellos los de la Policía Federal Argentina, tal es el caso de la delegación uruguayense en la que en 1976 fueron secuestrados y torturados estudiantes secundarios y dirigentes políticos. De allí su responsabilidad jerárquica y la imputación en dichas causas.
En el año 2003, el propio Harguindeguy había reconocido para la televisión francesa (en el documental Escuadrones de la muerte. La Escuela Francesa) que no estaba arrepentido de lo sucedido: “Hicimos lo que correspondía, en cumplimiento del deber militar. Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: nosotros los libramos de ser un país marxista. Tengo que reconocer que ometimos errores. Si no cometiéramos errores seríamos dioses. Qué aburrido sería un país gobernado por los dioses, sin pecado, sin delito”.
Además había manifestado que a diferencia de Argelia, en la Argentina “cada desaparecido tenía padres, hermanos, tíos, abuelos, que actuaron políticamente con un gran resentimiento, natural. Mientras los que murieron en lucha o en combate o que se supo y fueron identificados, no ocasionaron reclamo de ninguna naturaleza. El problema, dice el informe mío, son los desaparecidos”. De este modo, según destacó el periodista Horacio Verbitsky en el diario Página/12 del 2 de septiembre de 2003, Harguindeguy retoma un rancio debate entre facciones internas de la dictadura. Ninguna repudió los métodos que todas practicaron con criminal entusiasmo, pero algunos tuvieron mayor previsión sobre las consecuencias.
Entre otras cosas, el ex ministro, también había reconocido: “No sé si los oficiales que estuvieron en la Escuela de las Américas, que tienen mi edad, que estamos más allá del bien y del mal, podrán decir si recibieron enseñanza específica sobre tortura, pero sobre la forma de interrogar seguro que sí”.
18 HS: Jornada Uader “Vigilia de cine en reclamo ante la justicia por la aceleración de los juicios por lesa humanidad”. Proyección de las películas Operación Masacre y Bombardeo sobre Buenos Aires.
19.30 HS: Charla del profesor César Román (querellante) y María isabel Caccioppoli (abogada) sobre las causas de violación de los derechos humanos que se tramitan en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Coordina la licenciada María Luisa Grianta del Área Memoria y Derechos Humanos de Uader.
Martes 24 (Plazoleta de los Derechos Humanos)
19 HS: Concentración en plazoleta de los Derechos Humanos (Bv. Irigoyen y Maipú).
Se marcha al Juzgado Federal para reclamar por la aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en la Costa del Uruguay. Luego se realizará un acto central en plaza Ramírez en el que se hará la lectura del documento de la Comisión y finalmente habrá actividades artísticas-culturales.
Miércoles 25 (Centro Comunitario Nº 2)
18 HS: Charla abierta “¿Qué son los derechos humanos?” a cargo del abogado Enrique Bugnone y del profesor Eduardo Ojeda. Coordina la licenciada María Luisa Grianta del Área Memoria y Derechos Humanos de Uader. Lugar: Centro Comunitario Nº 2 San Vicente (Hernández y Artusi).
Jueves 26 (Rectorado de la UNER)
19.30 HS: Conferencia “Verdad, Justicia y Reparación. El archivo de la Comisión de la Memoria y sus usuarios” a cargo de la magister en historia María Laura Lenci. Lugar: Salón Teatro 1º de Mayo del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), frente a plaza Ramírez.
Viernes 27 (Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER)
19.30 HS: Charla “La continuidad de las prácticas represivas en las cárceles actuales”
a cargo de la doctora Melina Bofelli y del licenciado en trabajo social Sergio Reimundi integrantes del Comité Contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires. Coordina la licenciada Florencia Bugnone. Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), 8 de Junio y Supremo Entrerriano.
Sábado 28 (Salón de ATE)
20 HS: Actividad de cierre de la Semana de la Memoria. Charla-debate“¿De qué hablamos cuando hablamos de impunidad?”a cargo de José Schulman, escritor, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Lugar: salón de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), 3 de Febrero 180.
Integran la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay: la seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el Área Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Agrupación de Educación Popular Claudio Pocho Lepratti, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, Ex Detenidos Desaparecidos y Familiares y Amigos de Detenidos- Desaparecidos.
El Consejo de la Magistratura de la Nación llamó a concurso para seleccionar a los tres magistrados que integrarán el flamante Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay. Además, el actual juez federal uruguayense, Guillermo Quadrini, debe renunciar para lograr acceder a su nuevo cargo de fiscal mayor de Río Grande. Quedará como titular del Juzgado Federal Nº1 (Penal y Correccional) la doctora Beatriz Aranguren, quien se desempeña a cargo del Juzgado Federal Nº2 (Civil y Comercial) de Concepción del Uruguay que fuese creado en 2008. .
Los vocales del Tribunal Oral Federal tendrán la responsabilidad de juzgar en juicios orales y públicos a los represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en las ciudades de Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú. (En la foto se observa la sala de audiencias "Dr. Francisco C. Garay" del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay).
Comenzó el procedimiento para cubrir cargos en el nuevo Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, creado por la Ley Nacional Nº 26.429, del 18 de diciembre de 2008. La puesta en funciones del nuevo Tribunal permitirá la creación de más de veinte puestos judiciales en La Histórica. Además de los tres cargos de magistrados que serán cubiertos mediante el Concurso 237 que acaba de iniciar el Consejo de la Magistratura, se proveerá de un cargo de fiscal, uno de defensor, tres de secretarios y quince empleados, que pasarán a formar parte del Poder Judicial de la Nación.
Por otra parte, como informara Miércoles Digital este jueves, el titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, fue designado este miércoles como fiscal mayor en Río Grande, en Tierra del Fuego. Sin embargo, como una cuestión formal primero debe renunciar a su actual cargo, en un trámite que debe presentar ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Desde allí el expediente llega a la Corte Suprema de Justicia, que es en definitiva quien acepta la renuncia. Luego de concretado todo ese procedimiento recién puede dejar su lugar en La Histórica, el que sería ocupado por Beatriz Estela Aranguren, hasta que se nombre su reemplazo.
El juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, fue designado como fiscal mayor en Río Grande, tras el acuerdo prestado este miércoles por el Consejo de la Magistratura, ante el pedido formulado por el Superior Tribunal de Justicia. En noviembre de 2008 había viajado a la provincia de Tierra del Fuego para concursar dicho cargo.
Quadrini tiene a su cargo las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia. En diciembre de 2008 había procesado a Juan Valentino, quien fuera jefe del Ejercito en Gualeguaychú durante la última dictadura militar y a Julio Rodríguez alias "el moscardón verde" efectivo de la Policía Federal Argentina quienes se encuentra detenidos por la causa en la que se investiga la detención y tortura de un grupo de estudiantes secundarios ocurrida en 1976 en la delegación uruguayense de esa fuerza policial. BREVE RESEÑA SOBRE QUADRINI Nació en Río Grande provincia de Tierra del Fuego, pero su carrera judicial la hizo fuera de la provincia sureña, y llegó a la alta magistratura como titular del Juzgado Federal uruguayense. El nuevo funcionario designado en el fuero penal, tuvo casos de suma trascendencia a nivel nacional. En 2006, al tener que intervenir en la causa por "Contaminación en grado de tentativa" contra la pastera Botnia, presentada por el ex gobernador Jorge Busti, el mandatario lo acusó de "inoperante", entre otras lindezas, y solicitó su destitución.
Posteriormente, su apellido volvió a ganar trascendencia cuando en 2008, en ocasión del paro de ruralistas, mandó a la Gendarmería a desalojar la Ruta 14, operativo que terminó con el arresto del dirigente de la Federación Agraria entrerriana, el mediático De Ángeli. Últimamente los casos más resonantes que recibió fueron por la aparición de pintadas antijudías en la Capital del Citrus y la aparición de volantes en el mismo sentido en La Histórica.
En el mediodía de ayer miércoles, familiares de Jorge Emilio Papetti, Julio Alberto Solaga Waigel y Sixto Francisco Zalasar Trinidad, desaparecidos durante la última dictadura militar en la ciudad de Concordia, fueron recibidos por José María Barraza, titular de la Secretaría Criminal y Correccional Nº 1 del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay e informados sobre el avance de la causa. También participaron del encuentro la abogada querellante María Cacciopoli, e integrantes del Registro Único de la Verdad y de la Agrupación Hijos de la ciudad de Paraná.
Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de Miércoles Digital
En el mediodía de este miércoles, fueron recibidas en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay: María Ema Papetti (hermana del desaparecido Jorge Emilio Papetti), María Estela Zolaga de Moreno (hermana del desaparecido Julio Alberto Solaga Waingel, y Sandra Zalazar (hija del desaparecido Sixto Francisco Zalazar).
En encuentro que duró aproximadamente 40 minutos se desarrolló en el despacho del titular de la Secretaría Criminal y Correccional Nº 1, José María Barraza, quién les informó sobre todo el trabajo que se viene desarrollando desde el juzgado que encabeza el juez Guillermo Quadrini para el esclarecimiento de las desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar en la ciudad de Concordia y que se investigan en la denomina Causa Área Concordia.
También participaron de la reunión la abogada María Caccioppoli, querellante en la causa, Julían Froidevaux integrante del Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos y Matías Germano militante de la organización de Derechos Humanos, HIJOS de Paraná.
ESPERANZA RENOVADA Al salir del encuentro, Miércoles Digital pudo dialogar con los familiares, los cuales destacaron la concreción del encuentro. "La reunión fue muy positiva, empezamos un nuevo camino prácticamente, y acá estamos, apoyando la investigación en todo lo que nosotros podamos hacer. Vemos que hay muy buena voluntad. El secretario se comprometió a cumplir con lo que le corresponde", expresó emocionada Solaga de Moreno.
Por su parte, Zalasar manifestó: "A mí lo que más me dio es esperanzas, la esperanza de que se sepa la verdad, y además destaco la muy buena voluntad de la persona que nos atendió. Me genera muchas esperanzas, encontrar a mi papá, además de a todos los desparecidos, no sólo a mi papá. "Yo tengo fe de que sí, de que va a llegar, para algo existe Dios, nada se mantiene oculto, siempre sale a la luz", agregó.
En similar postura, María Ema Pappeti destacó que "el encuentro fue altamente positivo y nosotros estamos absolutamente convencidos de que va a llegar el momento de que se haga justicia, de que los responsables sean juzgados y estén donde tienen que estar". "Incluso hasta tenemos la esperanza de encontrar el cuerpo. Esto es lo que deseamos y vamos a ponerle todo el esfuerzo, aseguró, y expresó: "Tenemos mucha esperanza en la abogada porque la vemos con muchísimo empuje. Nosotros estamos a varios kilómetros de Concepción, por eso es muy importante su trabajo. Y creemos que realmente empezó el momento en el que va a comenzar a avanzar la causa, esperamos que se pueda llegar a juzgar".
Consultada sobre el diálogo mantenido en la reunión, Pappetti explicó: "El secretario dijo que están abiertas las puertas del Juzgado, que lo que necesitemos podemos venir a consultar además de aportar testimonios o nuevos datos que tengamos en la causa, así que confiamos en que se va a hacer justicia".
CINCO AÑOS DESPUÉS En febrero de 2004, hace exactamente cinco años, este cronista había tenido la oportunidad de dialogar con Solaga de Moreno y Papetti en las escalinatas del Juzgado Federal uruguayense, en el marco de la primera citación como testigos que les había realizado el juez Guillermo Quadrini, tras la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, posibilidad generada a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (derogadas por el Congreso en 2003). Tanto el extinto semanario El Miércoles de Concepción del Uruguay, en su edición Nº 130 del 25 de febrero de 2004, como el semanario Análisis de Paraná, en su edición Nº 601 del 19 de febrero de 2004, reflejaron la cobertura periodística en la cual ambas familiares destacaban las esperanzas en torno a la reapertura de las causas.
Pasaron cinco años y las esperanzas de los familiares siguen firmes. Sin embargo, es necesario que la Justicia contemple los tiempos humanos y revierta la mala imagen que tiene la Argentina en torno a la impunidad que se les aseguró durante años a los responsables del terrorismo de Estado. Es un deber no sólo legal, sino también ético y moral que tienen las autoridades judiciales ante las víctimas, sus familiares y la sociedad, así como para las próximas generaciones.
Las desapariciones de Sixto Francisco Zalasar Trinidad (26 de mayo de 1976), Julio Alberto Solaga Waigel (22 de noviembre de 1976) y Jorge Emilio Papetti (22 de marzo de 1977) no pueden y no deben quedar impunes.
EXPECTATIVA DE LA QUERELLA Miércoles Digital también dialogó con María Cacciopoli abogada querellante, quien explicó que: "En realidad fue una reunión informal, con la lógica inquietud de los familiares, más que nada por conocer si se requieren más pruebas o más hechos para la celeridad de la causa. Lo que les interesa a los familiares es sacar adelante la causa y ofrecer los medios de prueba que ellos tengan en su poder, para que el juez tenga más posibilidades para resolver las cuestiones que están pendientes. Esto se ha hecho en el marco de una nueva presentación, sobre todo de la señora Zalasar como querellante, y esperemos encontrar todas las pruebas necesarias como para que también le demos una pronta agilidad a esta causa que está un poquito detenida en el tiempo".
Sobre la cantidad de pruebas que se incorporaron en estos últimos cinco años a la causa, que había sido iniciada en los años 80 y fue truncada por las leyes de la impunidad, Cacciopoli contó: "Todavía no conocemos en profundidad la causa, ya solicitamos las copias para tener un buen conocimiento para saber qué es lo que se ha producido y qué es lo que falta en la investigación", y señaló: "Estimo en que el compromiso del Juzgado está en trabajar, eso es lo que se ha comprometido el secretario. Por parte de esta querella también está el compromiso de trabajar, y con el correr de los días se harán nuevas presentaciones que tendremos que ver el resultado que vamos a obtener".
ACOMPAÑAMIENTO DEL REGISTRO E HIJOS "Desde el momento mismo de la creación del Registro, la propuesta y la tarea es poder acompañar y asesorar legalmente a los familiares en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Es un trabajo arduo el de desandar el largo camino de la impunidad en nuestro país, 25 años de democracia que se constituyeron con los responsables del genocidio más grande de la historia argentina libres e impunes. Eso es lo que se está tratando de revertir en todos los puntos del país y en Entre Ríos, en las dos costas de la provincia", manifestó Julían Froidevaux, integrante del Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos a Miércoles Digital.
"En Paraná estamos trabajando arduamente y los responsables del genocidio en Entre Ríos son los mismos, por eso es importante poder estar hoy (por ayer) aquí, presentes en Concepción del Uruguay con los familiares de Concordia, porque también son ciudadanos entrerrianos que fueron víctimas de un plan sistemático de eliminación de personas, que tiene sus responsables y que esos responsables están impunes", agregó Froidevaux.
En el mismo sentido, Matías Germano, militante de la Agrupación Hijos Paraná, afirmó: "Era una deuda pendiente para nosotros acercarnos hasta Concepción del Uruguay y poder reunirnos nuevamente con la doctora Caccioppoli, querellante en esta causa, y los familiares de Concordia, con los que ya veníamos trabajando para presentar esta querella que significa para nosotros también un avance en el sentido de ampliar el horizonte en la provincia. Desde ya que, como organización, vinimos a acompañar y ponernos a disposición para colaborar en todo lo que podamos aportar, ya sea desde la presentación de documentación como también la búsqueda de testigos".
