El represor Juan Carlos Ricardo Trimarco deberá someterse a una nueva pericia para que
Trimarco, también está imputado en la causa en la que se investiga la detención y tortura de estudiantes secundarios en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina, ocurrida en 1976 durante la última dictadura militar, por lo que el resultado de la pericia afectará la posibilidad de que se concrete su indagatoria que fue postergada en Noviembre de 2008 debido a que el represor presentó un certificado médico en el juzgado federal uruguayense.
El tribunal federal conformado por Gustavo Ibáñez (presidente), Daniel Alonso y Roberto López Arango, confirmó ayer la resolución de la jueza de primera instancia, Myriam Galizzi, que había declarado la nulidad de la pericia que se le realizó a Trimarco en abril de 2008. Ese examen había sido atacado por la querella por haber estado plagado de irregularidades, a punto tal que el tribunal incluyó en su resolución de la víspera que se dé conocimiento de esta situación a
Los magistrados dieron a conocer la decisión al término de la audiencia pública que se desarrolló, durante la mañana, a raíz del recurso de apelación que presentó la defensa de Trimarco contra la declaración de nulidad de la pericia. El veredicto contempló la confirmación de dicha nulidad y la orden de realizar una nueva pericia en la cual se excluya a los médicos que intervinieron en la que se realizó en 2008 y se dé participación al forense de Paraná, además de la notificación a
La resolución satisfizo a los querellantes, aunque no del todo: la abogada Marina Barbagelata había pedido la detención de Trimarco y su traslado a Paraná para que aquí se realicen los exámenes; algo que no se aceptó. La defensa, que estuvo representada por el letrado del fuero local Eligio Abel González, se había opuesto a la realización de un nuevo examen y a la incorporación del forense de Paraná. Además, hizo reserva del caso federal y de casación, previendo recurrir a instancias más altas de la pirámide judicial con el fin de obstaculizar los estudios médi-cos sobre el represor.
UN RETO
La audiencia oral y pública se inició con la exposición de Eligio González, quien recibió un llamado de atención del tribunal por leer su intervención en lugar de hacerla in voce, como estipula la normativa. González, titubeando luego del reto, dijo que no era necesario realizar otro examen y, en caso de que se resolviera volver a hacerlo, rechazó la inclusión del forense de la jurisdicción, dado que su especialidad es la de cirujano y Trimarco padecería problemas psiquiátricos y neurológicos.
Luego el fiscal general Ricardo Álvarez avanzó en las causas que evaluó la jueza para determinar la nulidad: como que el perito de la querella –Luis Pirro– fue mal notificado y no estuvo presente en el estudio, a pesar de lo cual en el informe se lo mencionó como presente.
“En los reportes sólo hay referencias globales a deficiencias mentales”, dijo el fiscal. Y se quejó de las conclusiones que sacaron los peritos acerca de la im-posibilidad de declarar de Trimarco, lo cual –señaló– es tarea de los jueces y no de los médicos, además de que “no son explícitas las razones” por las cuales no puede ser indagado.
La abogada Barbagelata adhirió a los planteos del fiscal y detalló las irregularidades que llevaron a la jueza Galizzi a dictar la nulidad. Por ejemplo, dijo que hubo notificaciones para el 22 de abril, pero la pericia se realizó el 23; así como citaciones para otros días en los cuales no hubo actividad y actividades para las cuales no hubo citaciones. “Se nos privó del derecho constitucional de controlar la prueba”, dijo sobre la exclusión del perito de parte. Y pidió que el ex gobernador de facto sea mandado a detener para que su salud sea analizada en Paraná.
En esta causa se investiga el robo de bebés nacidos en cautiverio en el hospital Militar de Paraná durante la última dictadura, puntualmente el caso de los mellizos de la desaparecida Raquel Negro. Uno de los bebés, que hoy es una mujer a punto de cumplir 30 años, reside en Rosario y recobró su verdadera identidad a fines del año pasado.
ESTRATEGIA
La abogada Ana Oberlin –representante de Abuelas de Plaza de Mayo– denunció en la audiencia la existencia de una estrategia en todo el país de los imputados de delitos lesa humanidad, tendiente a buscar la impunidad amparándose en problemas de salud no comprobados. “De repente todos tienen un problema mental”, dijo.
FUENTE: Diario UNO de Entre Ríos (18/Febrero/2009)
FOTO: Libro Rebeldes y Ejecutores de Daniel Enz (1º Edición, 1995)
